Entraron en vigencia los nuevos aranceles de Trump a 60 países: América Latina, en el centro de un nuevo frente comercial

Bajo el argumento de combatir el «trabajo forzoso», Washington impuso gravámenes de entre 10% y 12,5% a decenas de economías, entre ellas México, Argentina, Ecuador, Guatemala, Honduras, Brasil y Uruguay, que quedó en el tramo más alto junto con Brasil. Lula acusó a Estados Unidos de manipular una causa de derechos humanos para sostener su política proteccionista y anunció represalias ante la Organización Mundial del Comercio, mientras la Cancillería uruguaya confirmó la medida y evalúa su impacto sobre las exportaciones nacionales.

El gobierno de Estados Unidos hizo efectivos este viernes 24 de julio nuevos aranceles de entre el 10 % y el 12,5 % sobre las importaciones procedentes de 60 economías, entre ellas casi una veintena de países de América Latina y el Caribe. La medida, formalizada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) bajo la conducción de Jamieson Greer, sustituye al arancel global temporal del 10 % que el propio Donald Trump había impuesto a comienzos de año y que expiraba esta madrugada, luego de que la Corte Suprema estadounidense invalidara en febrero los llamados aranceles «recíprocos» por considerar que excedían las facultades del Poder Ejecutivo. El nuevo esquema alcanza a cerca del 99 % de las importaciones de Estados Unidos y ya generó el rechazo explícito del gobierno de Brasil, que anunció represalias y una demanda ante la Organización Mundial del Comercio (OMC). Uruguay también quedó comprendido en la nueva medida, con un arancel adicional del 12,5 %, y su Cancillería confirmó la decisión mientras estudia sus implicancias concretas para las exportaciones del país.

Una maniobra legal para sostener el arancel global

Tras el fallo adverso de la Corte Suprema, la administración Trump necesitaba un nuevo sustento jurídico para mantener vigente un piso arancelario global. Lo encontró en la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, una herramienta que permite responder con aranceles cuando Washington considera que un socio comercial aplica prácticas desleales, pero que exige una investigación previa. El 12 de marzo de 2026, por instrucción de Trump, la USTR abrió esa investigación contra 60 economías a las que acusó de no prohibir ni hacer cumplir de manera efectiva la importación de bienes fabricados con trabajo forzoso. El proceso incluyó consultas con más de 45 gobiernos, la revisión de más de 2.100 comentarios públicos y audiencias realizadas entre el 7 y el 9 de julio. El 2 de junio, Greer determinó que las prácticas de esas 60 economías eran «irrazonables» y restringían el comercio estadounidense, allanando el camino para el anuncio del jueves 23 y la entrada en vigencia del viernes 24.

Cómo quedó dividida la región

El esquema distingue dos niveles. Un primer grupo de 17 economías —que según la USTR ya cuentan con alguna prohibición contra el trabajo forzoso, asumieron compromisos para implementarla o disponen de mecanismos parciales— enfrenta un arancel adicional del 10 %. Allí quedaron, junto con Canadá, el Reino Unido, India, Indonesia, Bangladesh, Pakistán, Jordania y Sri Lanka, seis países latinoamericanos: México, Argentina, Ecuador, El Salvador, Guatemala y Honduras. Algunos de ellos, como Guatemala, Honduras, Camboya, India, Sri Lanka y Trinidad y Tobago, lograron evitar la tasa más alta al adoptar durante la propia investigación nuevas prohibiciones sobre bienes producidos con trabajo forzoso. El resto de las economías investigadas, entre ellas Brasil y Uruguay, quedó sujeto al nivel más alto, del 12,5 %, mientras que para productos específicos de la Unión Europea, Japón, Taiwán, Corea del Sur y Suiza se aplicarán tasas diferenciadas de entre 10 % y 12,5 %, descontando los aranceles ya vigentes bajo las reglas de nación más favorecida. China quedó fuera de esta lista porque mantiene con Washington un régimen arancelario propio y separado.

El caso uruguayo: gravamen del 12,5 % y cautela oficial

Uruguay quedó comprendido en el tramo más alto del nuevo esquema arancelario estadounidense, con un gravamen adicional del 12,5 % sobre sus exportaciones a Estados Unidos, por no contar —según el criterio con el que la USTR evaluó a las 60 economías investigadas— con una prohibición explícita a la importación de bienes producidos con trabajo forzoso. Fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores confirmaron la decisión y señalaron que el resultado estaba «dentro de lo previsto», al tiempo que indicaron que el gobierno se encuentra analizando sus implicancias concretas para las exportaciones nacionales. A diferencia de Argentina, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras y México, que quedaron en el nivel del 10 %, Uruguay comparte con Brasil el tramo más alto del esquema, sin que hasta el momento el Poder Ejecutivo haya anunciado públicamente si evaluará introducir cambios normativos —como sí lo hicieron Guatemala y Honduras durante la propia investigación— para acceder a una eventual rebaja de la tasa.

La reacción de Brasil: la más dura hasta ahora

El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva fue el que respondió con mayor firmeza. A través de un comunicado y de sus redes sociales, Lula acusó a la USTR de utilizar «un asunto vinculado a los derechos humanos» para sostener una política comercial proteccionista que carece, sostuvo, de una base legal interna sólida. El mandatario recordó que Brasil es signatario de 66 convenios vigentes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), mientras que Estados Unidos solo ratificó diez, y remarcó que los acuerdos de libre comercio firmados por el Mercosur con Chile, la Unión Europea y la Asociación Europea de Libre Comercio ya incluyen compromisos específicos contra el trabajo forzoso. El nuevo arancel del 12,5 % se suma, para los productos brasileños, al 25 % que Washington había anunciado la semana anterior por otra investigación bajo la misma Sección 301, vinculada al litigio judicial contra el expresidente Jair Bolsonaro. Lula anunció que Brasil activará de inmediato los mecanismos previstos en su Ley de Reciprocidad Económica, aprobada por unanimidad por el Congreso brasileño en 2025, y que llevará el caso al mecanismo de solución de controversias de la OMC, sumándolo a otro reclamo que ya había presentado en agosto pasado contra aranceles anteriores de Estados Unidos.

México, entre la cautela y el resultado político

La reacción mexicana fue más medida. El canciller Marcelo Ebrard, que se reunía justamente ese mismo día con el propio Jamieson Greer en México, destacó que más del 80 % de las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos quedan excluidas de este nuevo arancel al estar amparadas por el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Greer, por su parte, defendió la medida sosteniendo que «décadas de persuasión moral no han erradicado el trabajo forzoso de las cadenas de suministro globales» y que «ya es hora de que nuestros socios comerciales» apliquen la misma prohibición que, según afirmó, Estados Unidos sostiene «desde hace casi un siglo».

Otras voces internacionales

Fuera de la región, la medida también generó cuestionamientos. El gobierno de Japón calificó la decisión de «lamentable» y remarcó que sus prácticas comerciales cumplen con los estándares internacionales de transparencia. El ministro de Comercio de Australia, Don Farrell, tildó los nuevos aranceles de «completamente injustificados» y anticipó que su país mantendrá la presión diplomática sobre Washington. En Europa, la inclusión de la Unión Europea en el esquema —con tasas diferenciadas para determinados productos— reabrió la incertidumbre sobre la relación comercial trasatlántica apenas meses después de que ambos bloques hubieran alcanzado acuerdos parciales sobre otros capítulos arancelarios.

El trasfondo: de dónde sale el estándar de «trabajo forzoso»

El argumento de Washington remite a un antecedente concreto: la Ley de Prevención del Trabajo Forzoso Uigur, aprobada por el Congreso estadounidense en 2022, que presume que cualquier bien vinculado a la región autónoma uigur de Xinjiang, en China, fue fabricado con trabajo forzoso, y prohíbe su ingreso a Estados Unidos sin necesidad de que se demuestre el hecho en cada caso concreto. La nueva batería de aranceles traslada esa misma lógica —una presunción de incumplimiento, sin necesidad de prueba específica país por país— a 60 economías distintas, en el marco de una disputa comercial más amplia con China. Leído en ese contexto, el estándar de «trabajo forzoso» funciona menos como una política de derechos humanos autónoma que como una pieza más de la estrategia de Washington para frenar el ascenso económico chino y presionar a sus socios comerciales para que se alineen con esa agenda geopolítica, independientemente de sus propios historiales en la materia. La contradicción que señaló el propio Lula —66 convenios de la OIT ratificados por Brasil contra apenas diez por Estados Unidos— ilustra hasta qué punto el criterio se aplica de forma asimétrica.

Consecuencias para la población

Más allá de la disputa diplomática, el impacto económico de estos aranceles recae, según diversos análisis económicos, mayormente sobre las empresas importadoras y los consumidores estadounidenses, y no sobre los exportadores de los países alcanzados, ya que son quienes compran los productos en Estados Unidos quienes terminan pagando el sobrecosto. Para las economías latinoamericanas afectadas, en cambio, el riesgo es la pérdida de competitividad frente a otros proveedores no gravados, especialmente en sectores con alta dependencia del mercado estadounidense, como la agroindustria centroamericana, determinadas manufacturas mexicanas y ecuatorianas, y rubros exportadores uruguayos como la carne vacuna, uno de los principales destinos de venta del país hacia el mercado estadounidense. La incertidumbre sobre si estas tasas se mantendrán, se profundizarán o se renegociarán país por país —como ya ocurrió en 2025 con la primera ronda de aranceles «recíprocos»— agrega un factor adicional de volatilidad para las economías de la región, en un año en el que ya conviven con el impacto de conflictos bélicos en curso sobre los precios internacionales de la energía.

La mirada de Utopía al Sur

Lo ocurrido esta semana confirma un patrón que viene repitiéndose desde el regreso de Trump a la Casa Blanca: cada vez que un tribunal o el Congreso limitan su capacidad de imponer aranceles por decreto, la administración encuentra un nuevo fundamento legal para sostener el mismo objetivo de fondo. Que en esta oportunidad el argumento invocado sea la lucha contra el trabajo forzoso —una causa legítima y con consenso internacional— no debería llevar a perder de vista que el criterio se aplica de forma selectiva y sin relación proporcional con el historial real de cada país en la materia, como demuestra el contraste entre los compromisos multilaterales de Brasil y los de Estados Unidos. Para los países de la región, el episodio es también un recordatorio de una asimetría estructural: la principal potencia comercial del mundo puede modificar unilateralmente, y con relativa impunidad frente a los mecanismos multilaterales, las condiciones de acceso a su mercado, mientras los países más pequeños y dependientes de las exportaciones a Estados Unidos —Guatemala, Honduras, El Salvador, Ecuador, Uruguay— tienen escaso margen de negociación individual frente a esas decisiones. Para una economía pequeña y abierta como la uruguaya, que además quedó en el mismo tramo que Brasil, el episodio confirma cuánto puede pesar un criterio definido unilateralmente en Washington sobre sectores exportadores concretos, sin que exista hasta ahora una respuesta pública del gobierno que vaya más allá de confirmar la medida y anunciar que se estudia su impacto. La respuesta de Brasil, activando su Ley de Reciprocidad y acudiendo a la OMC, muestra una vía posible de resistencia institucional; queda por verse si otros gobiernos de la región, con menor peso relativo en el comercio mundial —Uruguay entre ellos—, logran algo más que gestionar el impacto puertas adentro.

Aspectos que seguirá Utopía al Sur

Quedan abiertas varias líneas: qué implicancias concretas informa la Cancillería uruguaya una vez terminado su análisis, y si el gobierno evalúa modificar su normativa sobre trabajo forzoso para acceder a una eventual rebaja de la tasa, como hicieron Guatemala y Honduras; el trámite del reclamo brasileño ante la OMC y el contenido concreto de las medidas de reciprocidad que anunció Lula; la respuesta de la Unión Europea frente a las tasas diferenciadas que también le fueron aplicadas; y el eventual impacto de este nuevo frente comercial sobre las negociaciones bilaterales que México y otros países mantienen con Washington en el marco de sus tratados de libre comercio vigentes.

Fuentes consultadas

Comunicado y declaraciones de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR); comunicado y declaraciones públicas del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; declaraciones del canciller mexicano Marcelo Ebrard; declaraciones de fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay; coberturas periodísticas de France 24, CNN en Español, Infobae, La Nación, Excélsior, El Imparcial, Radio Universidad de Chile, Puranoticia.cl, Ámbito, RPP, MercoPress, Caras y Caretas y El Observador, y agencias EFE y AP; análisis crítico del medio progresista SurySur sobre el origen del estándar de «trabajo forzoso» en la legislación estadounidense contra Xinjiang; todos consultados para reconstruir la cronología y las distintas posiciones sobre los hechos ocurridos entre el 22 y el 24 de julio de 2026.