La llave y la cuna: lo que Cabildo Abierto negocia cuando negocia la Rendición de Cuentas

El gobierno de Yamandú Orsi enfrenta su primer ajuste presupuestal sin mayorías propias, con una reforma histórica de las transferencias a la infancia en el centro de la negociación. Cabildo Abierto volvió a ser la llave del Parlamento, y sus demandas —desde montos más altos hasta cuestiones que, según trascendió, rozan la memoria y los derechos humanos— muestran cuánto puede llegar a costar, en Uruguay, aprobar una conquista social

Hay una escena que en Uruguay empieza a resultar conocida. El gobierno necesita dos votos que no tiene. La oposición tradicional, unida, decide no dárselos. Y en el medio queda un partido de apenas dos diputados —heredero de una ruptura, con una historia que incomoda a buena parte de la izquierda— convertido, otra vez, en la llave que abre o cierra el Parlamento. Así ocurrió el año pasado con el Presupuesto Nacional. Así vuelve a ocurrir ahora con la Rendición de Cuentas.

El jueves pasado, los legisladores del Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente, agrupados en la Coalición Republicana, anunciaron que no acompañarán en general el proyecto que el gobierno envió al Parlamento a fines de junio. El senador nacionalista Javier García fue el encargado de formalizarlo: sostuvo que la actual administración «no ha sabido resolver, encarar y priorizar» los temas que la sociedad reclama con urgencia, y calificó la Rendición como el balance de «un año de mal gobierno». La consecuencia fue inmediata y previsible: sin esos votos, el Frente Amplio vuelve a necesitar a Cabildo Abierto para alcanzar la mayoría en Diputados.

Guido Manini Ríos no ocultó su intención de sacarle provecho a la situación. Anunció que pedirá una reunión con Orsi —a la que llevará a sus dos diputados, Álvaro Perrone y Silvana Pérez Bonavita— para plantear «cambios reales» antes de comprometer sus votos, y advirtió que, si el Poder Ejecutivo se cierra a modificar el proyecto, esos votos podrían no estar garantizados. Entre sus reclamos concretos, pidió reforzar los apoyos a la primera infancia, que consideró «bastante tibios dada la gravedad de la realidad».

Una reforma con nombre propio

Lo que está en disputa no es solo aritmética parlamentaria. En el centro de la Rendición de Cuentas hay una de las transformaciones más ambiciosas del sistema de protección social uruguayo en dos décadas: la creación de la Asignación Única para la Infancia y la Adolescencia, que unificará en una sola prestación mensual los actuales Asignación Familiar, Tarjeta Uruguay Social, Bono Crianza y Bienvenido Bebé.

El esquema aumenta los montos según el decil de ingresos del hogar: quienes hoy reciben 5.371 pesos pasarán a cobrar 10.000; quienes reciben 4.400, también llegarán a 10.000; y los deciles siguientes subirán de entre 3.032 y 3.332 pesos hasta 6.666, mientras el quinto decil pasará de 2.796 a 3.333 pesos. El ministro de Economía, Gabriel Oddone, la definió como la transformación más relevante del sistema de transferencias de las últimas dos décadas, con un incremento que en algunos tramos supera el 80% de lo que hoy perciben los hogares. Desde 2027, año en que ingresarán al nuevo régimen los niños nacidos entre 2025 y 2027, la reforma alcanzará a unas 54.000 personas entre menores y embarazadas, con una inversión inicial de 31 millones de dólares que crecerá a 43 millones en 2028 y a 47 millones adicionales en 2029. La apuesta oficial es reducir en un 25% la pobreza de los niños de hasta tres años, que hoy ronda el 33 por ciento.

No es la primera vez que Uruguay intenta resolver este problema por la vía de las transferencias monetarias. El actual sistema de Asignaciones Familiares nació en 2008, como ampliación de un Ingreso Ciudadano creado un lustro antes, en plena emergencia social, con la condicionalidad como columna vertebral del diseño: para cobrar, había que demostrar asistencia escolar y controles sanitarios. Casi dos décadas después, el propio proceso de Diálogo Social que impulsó este gobierno concluyó que esa lógica tuvo escaso efecto sobre la conducta de las familias y, en cambio, terminó excluyendo a quienes más lo necesitaban. La Asignación Única no inventa el problema: hereda una discusión de veinte años y decide resolverla solo a medias.

El punto que realmente divide

El consenso sobre la necesidad de reforzar los montos es amplio. Lo que separa al oficialismo de buena parte de la oposición —y lo que atraviesa también los propios acuerdos alcanzados en el Diálogo Social que el gobierno impulsó en 2025— es otra cosa: las condiciones para cobrar.

El documento surgido de aquel diálogo, con la participación de 29 conversatorios en los diecinueve departamentos y decenas de audiencias técnicas, había recomendado eliminar directamente las condicionalidades para el cobro de las transferencias, basándose en evidencia sobre el escaso impacto de esas contraprestaciones en la asistencia escolar y sanitaria, y en sus efectos negativos sobre las familias más vulnerables. El proyecto que finalmente llegó al Parlamento no fue tan lejos: mantiene un 20% de la prestación sujeto al control de asistencia escolar y controles de salud, mientras el 80% restante se cobrará sin condiciones.

Para la diputada nacionalista Fernanda Auersperg, ese giro es un error: sostiene que reducir las condicionalidades al 20% equivale a resignarse a que un niño deje la escuela sin que eso tenga ninguna consecuencia, y que el verdadero estigma no está en exigir controles, sino en que los niños más pobres del país sigan sin acceso pleno a la salud y la educación. Del otro lado, el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, saludó la unificación de las transferencias como una conquista nacida del propio Diálogo Social, aunque planteó que, de mantenerse controles, deberían extenderse también a la asistencia a los centros educativos de primera infancia. La central sindical, además, insiste en una propuesta que el Poder Ejecutivo no incorporó entre sus prioridades: una sobretasa al Impuesto al Patrimonio para el 1% más rico del país, destinada a acelerar la reducción de la pobreza infantil.

Entre ambas posiciones aparece un tercer diagnóstico, compartido por economistas de distintas procedencias políticas —desde quien fuera director de Transferencias del Mides en el gobierno anterior hasta el actual titular de esa oficina—: que todo aumento de las transferencias merece celebrarse, pero que, por sí solo, no alcanza para que Uruguay deje de tener a un tercio de sus recién nacidos en hogares pobres.

Un debate que no es solo uruguayo

La tensión entre condicionalidad y derecho incondicional atraviesa, en realidad, a buena parte de los programas de transferencias que se expandieron en América Latina desde comienzos de siglo. Bolsa Família, en Brasil, y la Asignación Universal por Hijo, en Argentina, nacieron también exigiendo contrapartidas de salud y educación, bajo el supuesto de que el condicionamiento induciría comportamientos virtuosos en las familias pobres. Con los años, buena parte de la evidencia acumulada en la región coincidió con lo que el Diálogo Social uruguayo terminó constatando: las condicionalidades rara vez modifican la conducta de quienes ya enfrentan barreras estructurales de acceso a la escuela o al centro de salud, y en cambio sí funcionan como filtro que deja afuera a los hogares con mayores carencias, precisamente los que el programa dice priorizar. Uruguay no está solo, entonces, en esta discusión. Lo distintivo es que, a diferencia de otros países de la región, el propio proceso de consulta social recomendó saldarla a favor del derecho incondicional, y fue la negociación política, no la evidencia técnica, la que terminó imponiendo un límite del 20 por ciento.

Lo que todavía no se sabe

Hay, sin embargo, un costado de la negociación con Cabildo Abierto que resulta bastante más difícil de precisar y que debería preocupar más allá del debate presupuestal. Según trascendió por boca de un legislador frenteamplista, el partido de Manini Ríos «colocó la vara un poco más alta» e incluyó, entre sus aspiraciones, planteos vinculados a los represores condenados por crímenes de la dictadura y a retrocesos en políticas de género —aspiraciones que, según ese mismo legislador, el Frente Amplio no está dispuesto a aceptar—. Los propios voceros de Cabildo Abierto, por su parte, han preferido describir sus condiciones en términos más generales, limitados a «aspectos ya contemplados» en el proyecto.

Esa imprecisión no es un detalle menor. Cuando la moneda de cambio para aprobar una conquista social empieza a mencionarse en la misma frase que la situación de personas condenadas por delitos de lesa humanidad o que eventuales retrocesos en derechos de género, la discusión deja de ser exclusivamente presupuestal. Se vuelve, también, una pregunta sobre qué está dispuesto a negociar un gobierno de izquierda para sostener una política que, en sí misma, constituye un avance real.

Lo que sigue

En las próximas semanas, Manini Ríos llevará su propuesta a una reunión con Orsi que todavía no tiene fecha confirmada. De ese encuentro, y de lo que el oficialismo esté dispuesto a ceder o a resistir, dependerá no solo la suerte legislativa de la Rendición de Cuentas, sino la forma final que tomará —recortada, sostenida o incluso ampliada— la primera gran reforma de las transferencias a la infancia en dos décadas. Ese resultado, más que cualquier anuncio de campaña, dirá cuánto está dispuesta a pagar la política uruguaya, en un sentido y en el otro, para que 54.000 niños y embarazadas empiecen el año que viene con una asignación un poco más digna.