El PIT-CNT resolvió un paro parcial para el 11 de agosto: acusa al gobierno de retroceder en lo acordado sobre las AFAP

La central sindical rechaza que el Poder Ejecutivo haya descartado, en el tramo final de la negociación, la recomendación del Diálogo Social que le quitaba a las administradoras privadas la gestión de los ahorros jubilatorios individuales. El conflicto se suma a las diferencias por la Rendición de Cuentas y reabre la discusión sobre el sistema previsional mixto.

La Mesa Representativa del PIT-CNT resolvió este jueves convocar a un paro general parcial para el martes 11 de agosto, entre las 9:00 y las 13:00, con una movilización que partirá desde la Universidad de la República y culminará frente al Palacio Legislativo. La medida había sido definida días antes por el Secretariado Ejecutivo de la central sindical y responde a lo que la organización considera un incumplimiento del gobierno de Yamandú Orsi: la decisión de mantener a las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP) a cargo de la gestión de las cuentas de ahorro individual de los trabajadores, en contra de una recomendación surgida del propio Diálogo Social sobre Seguridad Social.

Qué cambió respecto de lo acordado

El Diálogo Social sobre Seguridad Social, un ámbito de intercambio entre el gobierno, las centrales sindicales, las cámaras empresariales y técnicos convocado tras la asunción de Orsi, cerró en abril con un documento de recomendaciones sobre el futuro del sistema previsional mixto vigente en Uruguay desde la reforma de los años noventa. Entre esos puntos figuraba una propuesta que interpelaba directamente el rol de las AFAP: que un organismo público —en los hechos, el Banco de Previsión Social— pasara a administrar la gestión comercial y el contacto directo con los afiliados de las cuentas de ahorro individual, dejando a las administradoras privadas únicamente la tarea de invertir el dinero que los trabajadores aportan a esos fondos.

La propuesta no suponía eliminar el pilar de ahorro individual ni las AFAP como tales, pero sí modificaba una de sus funciones centrales. Las administradoras rechazaron el planteo y advirtieron que equivalía a una forma de estatización de sus servicios. Ante esas objeciones, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) abrió una instancia de diálogo específica de sesenta días con las propias AFAP para evaluar alternativas.

El lunes 20 de julio, el equipo económico presentó el resultado de ese proceso: las AFAP continuarán administrando las cuentas de ahorro individual, sin el cambio estructural que había recomendado el Diálogo Social. El paquete de reformas que el Poder Ejecutivo anunció incluye una reducción de entre 5 % y 10 % en las comisiones y en el seguro colectivo que cobran las administradoras, la creación de una ventanilla única para los trámites jubilatorios, mayores facilidades para que los afiliados cambien de administradora, y un nuevo mecanismo de asignación de nuevos afiliados que combinará rentabilidad y menores costos, preservando la libertad de elección del trabajador. El gobierno también habilitará una mayor diversificación de las inversiones de los fondos previsionales, con una ampliación gradual de los activos elegibles en el exterior. De forma paralela, el MEF anunció que enviará al Parlamento un proyecto de ley para crear una nueva causal de jubilación anticipada a los 60 años, también derivada de las recomendaciones del Diálogo Social.

La posición del PIT-CNT

El presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, se reunió el martes 21 de julio con el ministro de Economía, Gabriel Oddone, y con el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim, para plantear el reclamo de la central. Al término del encuentro, Abdala sostuvo que hubo un incumplimiento por parte del gobierno y apeló a una referencia histórica del movimiento sindical uruguayo: «Don José Pepe D’Elía nos educó con un concepto que es: los acuerdos son para cumplirse. Eso es muy importante.» El dirigente agregó, sobre la discusión técnica en torno a la reforma previsional, que «un grupo de técnicos transnacionales no puede determinar si el país resuelve o no sus problemas».

El mismo martes, el Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT difundió un comunicado titulado «Los acuerdos son para cumplirse», en el que fijó por escrito su posición. El texto reconoce que el organismo público que se había propuesto no iba a eliminar las AFAP ni el lucro financiero que se nutre de los aportes de los trabajadores, pero remarca que representaba «al menos, un avance regulatorio en la dirección correcta». Y agrega: «Lamentamos que el Poder Ejecutivo, que fue quien propuso esta iniciativa, en línea con las promesas efectuadas durante la campaña electoral, haya eludido el compromiso de implementarla, afectando de esta forma la confiabilidad de los ámbitos de diálogo social en general.» El comunicado plantea además dos preguntas que, según la central, quedan sin responder: quién garantiza a los trabajadores el retorno de las eventuales inversiones de las AFAP en el exterior, y por qué las administradoras continúan cobrando comisiones sobre el dinero de los trabajadores antes de desarrollar inversión alguna y sin asumir riesgo empresarial.

El secretario de Comunicación y Propaganda del PIT-CNT, Sergio Sommaruga, calificó la decisión del Ejecutivo como un «cambio regresivo» respecto de lo acordado y expresó «disgusto» y «malestar» por la forma en que se resolvió el punto. Sommaruga aclaró, de todos modos, que el resultado original del Diálogo Social «no nos satisfacía al cien por cien», pero que era el fruto de una concertación de posiciones diversas que el propio movimiento sindical había aceptado como piso de negociación.

Una plataforma más amplia

El reclamo por las AFAP no aparece de forma aislada. La plataforma de reivindicaciones que motiva el paro del 11 de agosto incluye también las diferencias que el PIT-CNT viene planteando por la Rendición de Cuentas, en particular los recursos asignados a políticas sociales, y la propuesta —reiterada por Abdala en encuentros anteriores con el presidente Orsi— de aplicar una sobretasa al Impuesto al Patrimonio de las personas físicas de mayores ingresos para financiar programas dirigidos a reducir la pobreza infantil. A ese conjunto de demandas se suma el planteo del sindicato de la construcción (SUNCA), que insiste en la necesidad de avanzar hacia la reducción de la jornada laboral, y las advertencias de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) sobre el impacto que, a su entender, tendría la Rendición de Cuentas en la carrera administrativa y en la prestación de servicios públicos.

Contexto: una discusión de larga data

El sistema previsional mixto uruguayo, que combina un pilar de reparto administrado por el Banco de Previsión Social con un pilar de ahorro individual gestionado por las AFAP, rige desde la reforma de la seguridad social de mediados de los años noventa. El movimiento sindical uruguayo ha cuestionado desde entonces el rol de las administradoras privadas en la gestión de los aportes jubilatorios, un debate que se reactivó con fuerza durante la discusión de la reforma jubilatoria aprobada en el gobierno anterior —la Ley 20.130—, a la que el PIT-CNT critica buena parte de sus contenidos. El Diálogo Social convocado por la actual administración había sido presentado como un espacio para revisar aspectos de esa reforma con la participación de todos los actores involucrados, incluidas las propias AFAP.

La discusión sobre el papel de las administradoras privadas de fondos de pensión no es exclusiva de Uruguay: en distintos países de América Latina, desde que Chile exportó en los años ochenta el modelo de capitalización individual administrado por empresas privadas, los movimientos sindicales y sectores de izquierda han cuestionado un esquema en el que el riesgo de las inversiones recae sobre los propios trabajadores mientras las comisiones se cobran de forma independiente del resultado de esas inversiones. Uruguay adoptó una versión mixta de ese modelo, que combina reparto y capitalización, pero la tensión de fondo —quién administra el ahorro de los trabajadores y bajo qué garantías— es la misma que atraviesa buena parte de los debates previsionales de la región.

Consecuencias y lo que sigue

De concretarse en los términos resueltos por la Mesa Representativa, el paro del 11 de agosto afectará durante cuatro horas la actividad en el sector público y en buena parte del sector privado, con una movilización que buscará expresar el descontento sindical frente al Parlamento, donde en las próximas semanas deberán discutirse tanto la Rendición de Cuentas como el proyecto de ley sobre la nueva causal de jubilación anticipada a los 60 años y los cambios anunciados para las AFAP. La central sindical no descartó, en sus resoluciones, evaluar nuevas medidas de presión si no hay respuestas a los otros puntos de la plataforma.

Para el gobierno, la definición adoptada el 20 de julio busca presentarse como una mejora concreta para los afiliados —menores comisiones, más movilidad entre administradoras, mayor diversificación de las inversiones— sin alterar la arquitectura del sistema mixto ni la participación de las AFAP en la gestión del ahorro individual. Para el PIT-CNT, en cambio, la marcha atrás sobre ese punto puntual compromete algo más general: la credibilidad de los ámbitos de diálogo social como instrumento para resolver conflictos sin llegar a medidas de fuerza, justo en un momento en que el propio gobierno impulsa ese tipo de mecanismos también en la discusión de la Rendición de Cuentas y de la regulación del trabajo en plataformas digitales.

Lo que Utopía al Sur seguirá de cerca

Quedan pendientes de definición varios elementos que marcarán el desarrollo de este conflicto: el trámite parlamentario del proyecto de jubilación anticipada y de los cambios al régimen de las AFAP; la respuesta del Poder Ejecutivo a los reclamos sobre la sobretasa al Impuesto al Patrimonio y los recursos de la Rendición de Cuentas; y la eventual adhesión de otros gremios a la plataforma de reivindicaciones antes del 11 de agosto. Un punto especialmente sensible para el debate público será si el Parlamento introduce modificaciones a la propuesta del Ejecutivo sobre las AFAP durante su discusión legislativa, y si esas modificaciones recuperan, aunque sea parcialmente, algún elemento de la recomendación original del Diálogo Social.