La metáfora de Kast: cuando la nueva derecha promete un orden que no llega

Cuatro meses después de asumir, el gobierno chileno admitió que su promesa de expulsar a 300 mil migrantes irregulares «el primer día» era una figura retórica. El episodio, menor en apariencia, resume en miniatura una tensión que atraviesa a toda la región: el contraste entre el lenguaje de mano dura que crece en América Latina y su dificultad, una y otra vez, para sostenerse en los hechos.

Hubo un tiempo, no hace tanto, en que José Antonio Kast contaba los días. Antes de asumir la presidencia de Chile, el entonces candidato llevaba una cuenta regresiva pública hasta su llegada a La Moneda y advertía a los migrantes sin papeles que hicieran las valijas: 300 mil personas serían expulsadas del país «el primer día» de su gobierno, decía, muchas de ellas pagando de su bolsillo el pasaje de vuelta. Era una promesa con número redondo, con fecha exacta y con un enemigo bien identificado. Esa contundencia, más que cualquier plan de gobierno, fue lo que lo llevó a La Moneda.

Sesenta días después de asumir, alguien se lo recordó. Y Kast, ante la Cámara Chilena de la Construcción, ensayó una respuesta que ya circula como una de las frases del año en la política chilena: «Es una metáfora. Si alguien cree que en un día uno va a expulsar a 300 mil, creo que entendió mal el mensaje». Un senador democristiano resumió el malestar opositor con una frase que también merece quedar registrada: no se gobierna con metáforas. Hay, incluso, otro nombre más preciso para la misma operación: no era metáfora ni hipérbole, era demagogia. Si Kast sabía desde el inicio que la cifra era irrealizable, hizo campaña con una consigna que engañó a sus propios votantes; si no lo sabía, convirtió una política pública compleja en un eslogan de alto rendimiento electoral. Ninguna de las dos opciones lo deja bien parado.

El número que no cierra

Los hechos, más allá de la metáfora, tienen otra aritmética. Entre abril y julio, el gobierno chileno fue anunciando, vuelo tras vuelo, sus operativos de expulsión hasta llegar, a mediados de julio, a un total acumulado de 1.174 extranjeros expulsados en lo que va de 2026, según cifras oficiales del subsecretario del Interior, Máximo Pavez. A eso se suman 6.384 salidas voluntarias, casi tres cuartas partes de ciudadanos venezolanos. El propio gobierno presenta la cifra como récord —superaría el total de expulsiones de cada año entre 2022 y 2024—, pero puesta junto al número original la distancia es abismal: al ritmo actual, cumplir la promesa de campaña demandaría más de un siglo, calculó la oposición. La aritmética de la mano dura, medida con precisión, rara vez sostiene el tamaño de su propio discurso.

Venezuela y el costo humano de la política

Buena parte de esa brecha tiene un origen político concreto. Más de 75 mil órdenes de expulsión permanecen sin ejecutar en Chile, y cerca de la mitad corresponden a ciudadanos venezolanos que no pueden ser deportados porque, desde julio de 2024, Chile y Venezuela no mantienen relaciones consulares. Sin vuelos de repatriación posibles, el gobierno apuesta a incentivar salidas voluntarias, sobre todo tras los terremotos que golpearon a Venezuela el 24 de junio. Hay, incluso, una ironía: fue el propio subsecretario Pavez quien viajó con la ayuda humanitaria chilena tras el sismo y describió el gesto como una «oportunidad» para mejorar los vínculos con Caracas. Un gobierno que basó su campaña en la dureza hacia la migración venezolana termina necesitando tender puentes diplomáticos con el país de origen de esos migrantes.

El costo de esa política, además, no se mide solo en vuelos y cifras. Expulsiones masivas. Separación de familias. Confinamiento en instalaciones con apariencia de prisión. Ese fue el lenguaje que un grupo de excancilleres chilenos utilizó para describir el «corredor humanitario» impulsado por Kast, al que calificaron de incompatible con la dignidad humana. También trascendió un proyecto de ley que obligaría a hospitales y escuelas a entregar al Estado los datos de migrantes irregulares que usen esos servicios —una iniciativa que generó resistencias hasta dentro del propio gobierno, cuando la ministra de Salud, Ximena Chomali, recordó que esa información está protegida por el Código Sanitario. Cuando ni la propia administración termina de confiar en sus herramientas, algo dice esa desconfianza sobre la naturaleza de la promesa original.

Chile no está sola

Lo que ocurre en Chile es una pieza más de un reacomodo político que atraviesa buena parte de América Latina. El 21 de junio, Colombia eligió presidente a Abelardo de la Espriella, de la ultraderecha, en un balotaje que ganó por poco más de un punto frente al izquierdista Iván Cepeda. Pero la lectura de ese resultado no es unánime ni siquiera dentro de la izquierda regional: Cepeda sumó tres millones de votos entre ambas vueltas —más que el propio De la Espriella— y estableció el máximo histórico de la izquierda colombiana, mientras que el partido del presidente electo quedó como una «cáscara vacía» en el Congreso, con apenas tres senadores. Esa debilidad obligará a De la Espriella a negociar con los mismos partidos tradicionales contra los que hizo campaña, mientras el Pacto Histórico ya anunció que hará oposición reivindicando el Acuerdo de Paz y las reformas sociales del gobierno saliente como un «legado» a defender.

En El Salvador, Nayib Bukele fue ratificado el 13 de julio como candidato a un tercer mandato, posible gracias a una reforma de 2025 que eliminó los límites a la reelección, aprobada sin debate real ni consulta popular. Allí donde debería haber control judicial, hay control absoluto sobre la Asamblea, la Corte Suprema y la Fiscalía. Allí donde debería haber garantías, hay un episodio que quedó como advertencia regional: durante meses, 252 venezolanos deportados por Estados Unidos permanecieron encerrados en el Cecot, donde denunciaron torturas. Bukele exhibe, sí, una baja real de los homicidios, la base material de su popularidad. Pero esa cifra convive con todo lo anterior, y con una ironía de fondo: el club de países con reelección indefinida en la región ya solo lo integran Venezuela, Nicaragua y, ahora, El Salvador —los mismos gobiernos que la nueva derecha suele citar como el enemigo a vencer.

A eso se suma el expediente brasileño: Jair Bolsonaro, condenado por liderar un intento de golpe contra la asunción de Lula da Silva, cumple prisión domiciliaria bajo restricciones que un juez del Supremo Tribunal Federal endureció esta semana, justo cuando Javier Milei planeaba visitarlo en Brasilia. El affaire ilustra otra cara del mismo fenómeno: liderazgos de derecha que se articulan entre países y buscan apuntalarse más allá de las fronteras y de las sentencias judiciales.

Ninguno de estos procesos es idéntico. Pero los tres comparten un lenguaje de fondo —la promesa de un orden perdido que solo una mano firme puede restaurar— y la misma tensión entre la contundencia del discurso y la resistencia material de los problemas que dicen resolver.

El orden como promesa, la administración como límite

Conviene no despachar este fenómeno como pura impostura. La inseguridad que Kast explotó en campaña, la fatiga con la violencia que catapultó a De la Espriella, el miedo real a las pandillas que sostiene a Bukele: son experiencias sociales concretas, no inventadas por ningún discurso. Sería un error de la izquierda latinoamericana —y del periodismo crítico— negarlas o tratarlas como simple manipulación. La pregunta pertinente no es si la inseguridad existe, sino qué respuesta se construye frente a ella, y a qué costo democrático.

Porque el patrón se repite: la mano dura rinde mejor en el discurso que en la ejecución, y cuando la ejecución no alcanza, el poder tiende a compensarlo por otra vía. ¿Profundizando el enunciado autoritario? ¿Ampliando el control sobre migrantes, hospitales y escuelas? ¿Removiendo, como en El Salvador, los límites constitucionales que antes obligaban a rendir cuentas ante las urnas? En Chile todavía no se llegó a ese punto, pero la distancia entre los 300 mil prometidos y los 1.174 ejecutados deja abierta esa pregunta. Frente a ese horizonte, la respuesta duradera difícilmente vendrá de un recambio electoral más: exige organización popular sostenida y una disputa de fondo sobre qué modelo sostiene, en cada país, a la mano dura de turno.

Un espejo para pensar la región

El caso chileno funciona como un espejo pequeño de un problema mayor. Muestra que la ofensiva conservadora no siempre necesita cumplir lo que promete: a veces le basta con prometerlo lo bastante fuerte como para capitalizar el enojo social, aunque la aritmética real —los vuelos, los expulsados, las órdenes pendientes— cuente después una historia mucho más modesta.

Frente a eso, la respuesta no puede ser la nostalgia por gestiones progresistas que tampoco resolvieron del todo la inseguridad o la precariedad laboral. Pero tampoco puede ser la resignación ante un lenguaje que convierte a comunidades enteras de migrantes en enemigo interno para disimular la lentitud de su propia gestión. El problema de fondo nunca fue que a Kast le faltaran vuelos: fue haber construido una campaña entera sobre la idea de que 300 mil vidas humanas podían resolverse con un número redondo y un vuelo chárter. Entre la metáfora y el número hay una distancia que merece seguirse midiendo, vuelo por vuelo, no para reclamar que esa promesa se cumpla, sino para que ningún gobierno pueda construir consenso electoral a costa de convertir personas en cifras de campaña. Eso, lamentablemente, no es ninguna metáfora.