Familiares y Crysol le piden al gobierno explicaciones por la fusión de las secretarías de Derechos Humanos

En un comunicado conjunto, las dos organizaciones plantearon seis preguntas concretas al Poder Ejecutivo y advirtieron que las deudas del Estado con las víctimas del terrorismo de Estado «no desaparecen mediante cambios de organigrama».

La Asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos y Crysol, Asociación de ex presas y ex presos políticos del Uruguay, difundieron el 22 de julio un comunicado conjunto en el que expresaron su «profunda preocupación» por el decreto que integra la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente a la estructura de la Secretaría de Derechos Humanos. El documento, que responde al expediente N.º 2026-2-1-0001011, exige al Poder Ejecutivo que informe públicamente cómo se adoptó la decisión y qué garantías existen para que las tareas de búsqueda, memoria y justicia no pierdan jerarquía ni recursos.

Como informamos en la edición anterior de Utopía al Sur, el gobierno del presidente Yamandú Orsi dispuso a mediados de julio la unificación de las dos secretarías de Derechos Humanos que funcionan en la órbita de Presidencia de la República. La decisión llegó pocos días después del cese de Collette Spinetti al frente de la Secretaría de Derechos Humanos y de la reasignación de funciones de Alejandra Casablanca, hasta entonces directora de la Secretaría del Pasado Reciente. La nueva estructura quedó bajo la dirección de Iliana Da Silva, mientras que Casablanca pasó a desempeñarse como coordinadora de los asuntos vinculados al pasado reciente. Presidencia sostuvo entonces que la medida buscaba terminar con la dispersión y la superposición de competencias, y aseguró que no implicaría cambios en las responsabilidades sobre el período dictatorial.

El comunicado del 22 de julio es la respuesta formal de las dos organizaciones históricas de derechos humanos a esa reestructura. Familiares y Crysol sostienen que «no consideramos que se trate de una modificación meramente administrativa» y afirman que «no creemos que estas decisiones sean casuales, neutras ni azarosas», especialmente porque fueron adoptadas sin diálogo previo con las víctimas, sus familiares y las organizaciones que las representan.

El texto repasa el camino recorrido por Uruguay desde 2005, cuando comenzaron a reabrirse causas judiciales y se restableció la pretensión punitiva del Estado frente a los crímenes de la dictadura. Ese proceso permitió crear herramientas como la propia Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, la Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria y los mecanismos estatales de búsqueda de personas detenidas desaparecidas. Para las organizaciones firmantes, esos avances «fueron el resultado de décadas de lucha social» y no deberían quedar debilitados por una reforma de organigrama.

Entre los puntos que más preocupan a Familiares y Crysol figura el destino del plan de digitalización de archivos militares y policiales sobre violaciones a los derechos humanos, que la Secretaría del Pasado Reciente había presentado públicamente junto a los ministerios de Defensa e Interior. Días antes del comunicado formal, Nilo Patiño, integrante de Familiares, ya había señalado que la noticia de la fusión llegó sin explicaciones ni instancias de consulta, y la había descrito como un «balde de agua fría» para quienes siguen de cerca esas investigaciones.

Las organizaciones piden que el Poder Ejecutivo informe públicamente cómo se adoptó la decisión y qué autoridades participaron; cuál será la estructura orgánica y funcional resultante; qué cometidos fueron eliminados, modificados o reasignados; qué recursos técnicos, presupuestales y humanos se destinarán a esas tareas; cómo se garantizará la continuidad de todas las líneas de trabajo; y qué mecanismos permanentes de participación y diálogo se establecerán con las víctimas, los familiares y las organizaciones de derechos humanos.

El comunicado también retoma un reclamo que Familiares sostiene desde hace años: la falta de una orden presidencial explícita a las Fuerzas Armadas para que entreguen toda la información que posean sobre el destino de los detenidos desaparecidos. «El tiempo pasa inexorablemente», señala el texto, mientras las víctimas, los familiares y las expresas y expresos políticos envejecen sin obtener todas las respuestas.

Ambas organizaciones convocan a las organizaciones sociales y sindicales, al movimiento estudiantil, a las organizaciones de derechos humanos y a «todo el pueblo uruguayo» a permanecer atentos ante las consecuencias de la reestructura, y cierran el documento con la pregunta que identifica su reclamo histórico: «¿Dónde están?».

La mirada de Utopía al Sur

La fusión de las dos secretarías puede leerse en dos planos distintos, y conviene no confundirlos. Uno es la potestad del gobierno para reorganizar su propia estructura administrativa, algo que Familiares reconoce explícitamente. El otro es el modo en que esa reorganización afecta a organismos que no nacieron de una lógica de eficiencia burocrática, sino de décadas de reclamo social frente a un Estado que, durante mucho tiempo, prefirió no investigar los crímenes de la dictadura.

Vale la pena señalar, además, que la fusión no llegó como el desenlace de un proceso de planificación institucional, sino después de que ambas secretarías atravesaran meses de conflictos internos: la salida de Spinetti tras la filtración de audios y las denuncias por presunta violencia laboral contra Casablanca, cuya investigación administrativa fue archivada por el propio presidente. Que la reestructura de un área tan sensible haya quedado enmarcada en ese contexto, y no en un anuncio elaborado junto a las organizaciones sociales involucradas, alimenta buena parte de la desconfianza que hoy expresan Familiares y Crysol.

Reconocer que un gobierno de izquierda impulsó, entre 2005 y 2020, buena parte de la institucionalidad de memoria, verdad y justicia que hoy existe en Uruguay no exime de preguntar si la actual administración del Frente Amplio está dispuesta a sostenerla con la misma jerarquía y los mismos recursos. Las conquistas democráticas no se defienden por inercia partidaria, sino garantizando que las instituciones que las sostienen no pierdan peso cada vez que cambia un organigrama. El reclamo de Familiares y Crysol no proviene de un sector opositor: proviene de quienes llevan décadas exigiendo verdad, y eso le da un peso específico que el gobierno debería atender con respuestas concretas, no solo con explicaciones generales sobre eficiencia administrativa.

Aspectos que seguirá Utopía al Sur

Quedará por verse si el Poder Ejecutivo responde formalmente a las seis preguntas planteadas en el comunicado. También habrá que observar qué ocurre con el plan de digitalización de archivos anunciado junto a los ministerios de Defensa e Interior, qué jerarquía efectiva tendrá la coordinación de asuntos de pasado reciente dentro de la nueva estructura, y si otras organizaciones convocadas —el PIT-CNT, el movimiento estudiantil, la Institución Nacional de Derechos Humanos— se pronuncian sobre la reestructura en las próximas semanas, antes del 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.

Fuentes consultadas

• Comunicado conjunto de la Asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos y Crysol – Asociación de ex presas y ex presos políticos del Uruguay (22 de julio de 2026).
• Comunicado de Presidencia de la República sobre la unificación de las secretarías de Derechos Humanos (julio de 2026).
• Declaraciones públicas de Nilo Patiño, integrante de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos.
• Cobertura periodística de El Observador, Subrayado, Montevideo Portal, Radio Montecarlo, Portal de Medios Públicos y Atlántica FM sobre el decreto de unificación y el cese de autoridades (julio de 2026).
• Edición anterior de Utopía al Sur sobre la fusión de las secretarías de Derechos Humanos.