Uruguay en la cumbre de Rubio: una vergüenza diplomática vestida de seguridad

La participación de Uruguay en una cumbre convocada por Marco Rubio contra el supuesto “terrorismo político de extrema izquierda” no puede leerse como un trámite diplomático menor. En un escenario internacional marcado por el avance conservador, la criminalización de la protesta y el uso político del miedo, la presencia uruguaya exige una explicación pública.

Hay reuniones a las que un país llega con su historia, con sus muertos, con sus debates pendientes, con su memoria democrática y con la forma en que quiere ser visto en el mundo. Por eso la participación de Uruguay en la cumbre convocada por Marco Rubio en Washington no puede despacharse como un dato administrativo ni como una formalidad de agenda exterior.

El encuentro fue presentado por el Departamento de Estado como una instancia para abordar el “resurgimiento del terrorismo político”. En los hechos, el eje político fue mucho más preciso: construir una ofensiva internacional contra lo que la administración de Donald Trump y Marco Rubio llaman “terrorismo de extrema izquierda”. Según Reuters, Rubio dijo ante representantes de más de 60 países que Estados Unidos buscará reenfocar sus esfuerzos antiterroristas sobre el “terror de extrema izquierda”, al que definió como un “punto ciego” de las estrategias de seguridad global Reuters.

La sola formulación ya debería encender alarmas. No porque no exista violencia política en distintas tradiciones ideológicas, ni porque ningún hecho violento deba justificarse cuando invoca causas populares. El problema es otro: la cumbre no nació para pensar la violencia política en toda su complejidad, sino para instalar una categoría funcional a la agenda de la derecha trumpista. Allí donde debería haber análisis, hubo consigna. Allí donde debería haber evidencia, hubo propaganda. Allí donde debería haber cautela democrática, hubo una voluntad clara de equiparar izquierda, protesta, antifascismo, movimientos sociales y amenaza terrorista.

La reunión se realizó el 16 de julio de 2026 en el Departamento de Estado, con representantes de 66 países, según informó El País de Madrid. En esa nómina aparecen España, Canadá, Alemania, Argentina, Italia, Israel, Chile y Uruguay, mientras no figuran México, Brasil, Colombia, China o Nicaragua El País. Esa lista habla por sí sola. No se trata únicamente de quién fue, sino de quién decidió no prestarse a una escena construida desde Washington para ordenar aliados bajo una lectura ideológica del conflicto social.

México, por ejemplo, no asistió. La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que la cumbre tenía un carácter político, no estrictamente técnico ni de seguridad Zeta Tijuana. Esa diferencia importa. Un país puede cooperar internacionalmente contra delitos reales, contra atentados, contra violencia organizada, contra redes criminales. Otra cosa muy distinta es concurrir a una convocatoria cuyo lenguaje parece diseñado para ensanchar el concepto de terrorismo hasta hacerlo útil contra la disidencia.

Rubio no escondió el tono. Habló de una amenaza supuestamente global, acusó a la izquierda radical de violencia transnacional y anunció nuevas herramientas de presión, entre ellas restricciones de visas contra personas vinculadas a grupos definidos por Washington como “terroristas de extrema izquierda”. The Guardian informó que la cumbre se concentró exclusivamente en la violencia de izquierda y omitió referencias a la violencia de derecha, incluido el asalto al Capitolio del 6 de enero The Guardian. Esa omisión no es un detalle. Es el corazón del dispositivo.

Toda política de seguridad que mira con un solo ojo termina viendo enemigos donde hay adversarios, conspiraciones donde hay protesta, subversión donde hay organización popular. Y esa es una tradición que América Latina conoce demasiado bien. En nuestro continente, las palabras “seguridad”, “orden”, “enemigo interno” y “terrorismo” fueron usadas demasiadas veces para perseguir estudiantes, sindicalistas, militantes, periodistas, artistas, docentes, curas del pueblo, campesinos, indígenas y trabajadores organizados.

Por eso Uruguay no puede tratar este episodio como si estuviera lejos. La cumbre convocada por Rubio no ocurrió en un vacío histórico. Ocurrió bajo una administración estadounidense que convirtió la guerra cultural en política de Estado, que busca reordenar el debate público en torno al miedo, que presenta a la izquierda como amenaza civilizatoria y que necesita, además, una narrativa movilizadora de cara a su propia disputa interna. AP señaló que la reunión se produjo en un contexto de campaña hacia las elecciones de medio término de Estados Unidos y que, aunque hubo un aumento reciente de ciertos incidentes atribuidos a la izquierda, la violencia de extrema derecha ha sido históricamente mucho mayor según datos citados por especialistas AP.

Ese es el punto que vuelve grave la participación uruguaya. No se acudió a una conferencia neutral sobre prevención de violencia política. Se asistió a una operación discursiva. Y en diplomacia, asistir también comunica. Una presencia puede no significar adhesión plena, pero difícilmente sea inocua cuando la convocatoria está cargada de sentido ideológico.

Más delicado todavía fue el uso de referencias a Uruguay. Montevideo Portal informó que Rubio recordó el “terror violento de los tupamaros” durante la cumbre en Washington Montevideo Portal. La frase no es menor. Introduce la historia uruguaya en una narrativa externa que no busca comprenderla, sino utilizarla como pieza de acusación. Una cosa es discutir críticamente la experiencia del MLN-Tupamaros, sus acciones, sus contradicciones y su lugar en la historia nacional. Otra muy distinta es permitir que esa historia sea tomada por la diplomacia trumpista para alimentar una cruzada global contra la izquierda.

Uruguay tiene derecho a discutir su pasado con rigor. Debe hacerlo. Pero no tiene por qué aceptar que Marco Rubio lo convierta en ejemplo funcional a una doctrina de seguridad exterior. Mucho menos cuando esa doctrina se despliega desde un país que apoyó dictaduras latinoamericanas, formó aparatos represivos, sostuvo la doctrina de la seguridad nacional y participó, directa o indirectamente, en una arquitectura continental de persecución política.

La memoria uruguaya no empieza ni termina en los tupamaros. También incluye terrorismo de Estado, prisión política, tortura, desaparición forzada, exilio, censura, vigilancia, impunidad y décadas de lucha por verdad y justicia. Si se va a hablar de violencia política en Uruguay, hay que hablar de todo. No se puede tomar una parte de la historia y borrar la otra. No se puede invocar los años sesenta y setenta sin nombrar el golpe, la dictadura, los centros clandestinos, los vuelos, los enterramientos ocultos, las madres, los familiares y los expedientes que todavía esperan justicia.

Ahí radica la vergüenza. Uruguay no es cualquier país en este tema. Es un país que construyó buena parte de su identidad democrática reciente alrededor del Nunca Más, aunque ese Nunca Más haya sido disputado, incompleto y muchas veces traicionado por pactos de silencio. Participar en una cumbre que banaliza la categoría de terrorismo para atacar a la izquierda regional es, como mínimo, una señal torpe. Como máximo, una renuncia simbólica a una tradición diplomática que debería cuidar la autonomía, la legalidad internacional y los derechos humanos.

El episodio reclama preguntas concretas. ¿Quién representó a Uruguay? ¿Con qué mandato? ¿La Cancillería avaló políticamente el contenido de la convocatoria? ¿Hubo consulta interna? ¿Se dejó constancia de alguna diferencia? ¿Uruguay acompañó documentos, declaraciones o compromisos? ¿Se aceptó la caracterización de “terrorismo de extrema izquierda” como amenaza prioritaria? ¿Se evaluaron las consecuencias diplomáticas y políticas de aparecer en esa foto?

Hasta que no haya una explicación oficial clara, la presencia uruguaya queda flotando en una zona incómoda: o fue una decisión política consciente, lo cual sería grave, o fue una negligencia diplomática, lo cual también lo es. En ambos casos corresponde rendir cuentas. La política exterior no puede administrarse como una sucesión de invitaciones aceptadas por reflejo. Menos aún cuando se trata de una agenda que puede afectar derechos, movimientos sociales, libertades democráticas y relaciones regionales.

El riesgo de esta ofensiva no está solamente en Washington. Está en su posible traducción regional. América Latina vive una nueva etapa de endurecimiento conservador, con gobiernos y fuerzas políticas que intentan asociar protesta social con desestabilización, sindicalismo con privilegio, feminismo con amenaza cultural, ambientalismo con bloqueo al desarrollo y derechos humanos con impunidad para delincuentes. La etiqueta de “terrorismo de izquierda” puede convertirse en una herramienta perfecta para esa operación.

Primero se exagera una amenaza. Después se pide coordinación internacional. Luego se amplían listas, sanciones, controles migratorios, vigilancia financiera, monitoreo digital y cooperación policial. Finalmente, lo excepcional se vuelve normal. La historia muestra que los conceptos de seguridad rara vez quedan quietos. Una vez instalados, tienden a crecer. Y cuando crecen sobre definiciones ideológicas, la democracia empieza a achicarse.

No se trata de negar hechos violentos cuando ocurren. Ninguna causa popular necesita justificar atentados, asesinatos o agresiones. Pero una democracia seria diferencia entre delito y protesta, entre violencia organizada y conflicto social, entre organización política y terrorismo. Esa distinción es la que la cumbre de Rubio parece querer erosionar. Y Uruguay, por su historia, debería estar entre los países más cuidadosos en defenderla.

La crítica tampoco significa aislarse del mundo. Significa elegir bien los espacios. Cooperar contra crímenes reales no exige aceptar el libreto ideológico de la Casa Blanca. Defender la seguridad no exige plegarse a una ofensiva ultraderechista. Tener relaciones con Estados Unidos no obliga a participar en una cruzada contra la izquierda internacional. La soberanía también consiste en saber decir no.

Uruguay debe explicar su presencia. No por una cuestión protocolar, sino por respeto democrático. Porque si algo enseña nuestra historia es que las palabras importan. Importa cómo se nombra al adversario. Importa cuándo una protesta empieza a ser tratada como amenaza. Importa cuándo una diferencia política pasa a ser expediente de seguridad. Importa cuándo un gobierno extranjero pretende ordenar el mapa de amigos y enemigos de la región.

La cumbre de Rubio no fue un encuentro más. Fue un gesto político de una administración que busca convertir la lucha contra la izquierda en doctrina internacional. Que Uruguay haya estado allí es una señal preocupante. Todavía puede corregirse con claridad, distancia y explicación pública. Lo que no puede hacerse es mirar para otro lado.