A más de cuatro décadas del retorno a la democracia, avanza en Uruguay la causa por violencia de género durante la dictadura

A más de cuatro décadas del retorno a la democracia en Uruguay (1985), un grupo de mujeres ex presas políticas continúa impulsando, junto con el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), una causa por violencia sexual sufrida durante la dictadura cívico-militar (1973-1985), que se encamina hacia una eventual presentación formal ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). El proceso fue tema central de un conversatorio realizado el 3 de agosto en la sala Maggiolo de la Universidad de la República (Udelar), titulado «Memoria, justicia y reparación: violencias de género durante la dictadura uruguaya».

El caso tiene su origen en una denuncia presentada en 2011, tras la anulación de la Ley de Caducidad, por 28 mujeres ex presas políticas que relataron torturas y violencia sexual sufridas en unos 20 establecimientos de reclusión, con más de 100 personas señaladas como responsables. CEJIL acompaña a las denunciantes desde entonces y ya las representó ante audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en años anteriores. Según consignó el semanario la diaria, en el conversatorio de agosto una de las denunciantes resumió el sentido de más de una década de reclamo: «Nosotros no podíamos llegar a morirnos sin que la gente supiera las atrocidades que hicieron».

Al cierre de esta nota, el caso permanece en fase de preparación: las denunciantes y CEJIL se preparan para acudir a la Corte IDH, sin que se haya concretado aún una presentación formal ante ese tribunal ni se conozcan plazos previstos para ese paso.

La causa por violencia sexual se enmarca en una discusión más amplia sobre las políticas de memoria, verdad y justicia en Uruguay, que incluye también la búsqueda de personas detenidas desaparecidas. Según el informe más reciente de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH), difundido en mayo de este año, Uruguay reconoce 205 casos de personas detenidas desaparecidas durante el terrorismo de Estado —ocho más que el registro anterior— con investigaciones judiciales abiertas en la mayoría de ellos. La cifra se dio a conocer en la previa de la Marcha del Silencio, que en 2026 cumplió treinta ediciones.

Esa búsqueda incluye los trabajos del Grupo de Investigación en Antropología Forense (GIAF) en predios históricamente señalados como sitios de enterramiento clandestino, entre ellos el ex Batallón 13 y el ex Batallón 14, en Toledo (Canelones). En este último predio se hallaron restos óseos cuyo perfil biológico básico —correspondiente a un hombre de entre 43 y 57 años, de entre 1,75 y 1,85 metros de estatura— fue presentado en una conferencia de prensa en agosto de 2024, con la participación del entonces director de la INDDHH, Wilder Tayler; el fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Perciballe, y la coordinadora del equipo de búsqueda de detenidos desaparecidos, Alicia Lusiardo. Las muestras fueron enviadas para análisis genético al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), con el objetivo de establecer la identidad de la persona mediante el cruce con muestras de familiares. Utopía al Sur no accedió a información que confirme si ese proceso de identificación se resolvió con posterioridad a esa presentación.

Ambos procesos —la identificación forense de restos y la judicialización de la violencia sexual como forma específica de represión— forman parte de una misma discusión pendiente en Uruguay: hasta qué punto las políticas de memoria, verdad y justicia lograron reconstruir la totalidad de lo ocurrido durante la dictadura, incluidas las violencias que durante mucho tiempo no fueron nombradas como tales. La consigna de organismos de derechos humanos de que «no hay democracia plena mientras haya impunidad» sigue orientando buena parte de las demandas de las organizaciones sociales y de las víctimas, más de cuarenta años después del fin del régimen cívico-militar.

Fuentes consultadas: la diaria (ladiaria.com.uy); Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH, gub.uy); Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL, cejil.org); Universidad de la República (udelar.edu.uy); Fiscalía General de la Nación (gub.uy).