El gobierno del presidente boliviano Rodrigo Paz atraviesa una de sus semanas más críticas desde su asunción, con dos crisis simultáneas que se retroalimentan: por un lado, un fuerte rechazo social a la eliminación del subsidio al diésel para grandes consumidores, que encareció el combustible casi un 84 por ciento; por otro, un escándalo político y judicial que involucra a Fernando Cerimedo, hasta hace poco asesor de comunicación del propio presidente, detenido con prisión preventiva por su presunta responsabilidad en un ataque armado contra la abogada Nadia Beller.
Beller, expareja de Cerimedo, sobrevivió la noche del 17 de agosto a un ataque a tiros perpetrado por dos sicarios disfrazados de repartidores de comida, y acusó públicamente a su expareja de haber ordenado el atentado en represalia por las denuncias de corrupción estatal que ella misma venía formulando contra distintos funcionarios del gobierno. La fiscalía boliviana imputó a Cerimedo por tentativa de feminicidio y dispuso su detención preventiva; hasta el 26 de agosto, la causa ya sumaba tres detenidos: dos personas acusadas de complicidad en la tentativa de feminicidio y un exmilitar investigado por enriquecimiento ilícito, en el marco de investigaciones que además exploran un presunto vínculo con tráfico de sustancias controladas y encubrimiento al narcotráfico.
El caso adquirió una dimensión política adicional cuando Beller declaró públicamente que «en Bolivia no gobierna Rodrigo Paz, gobierna Cerimedo», en referencia al nivel de influencia que el consultor argentino —presentado oficialmente como asesor de comunicación— habría alcanzado dentro de la estructura de poder del gobierno. El vocero presidencial, José Luis Gálvez, salió a desmentir esa versión y afirmó que «no hay posibilidades de que un actor ajeno al Gobierno pueda tomar decisiones; él estaba al servicio de consultas concretas en el área de comunicación». Días antes del escándalo, el Congreso boliviano ya había censurado al entonces ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, por irregularidades patrimoniales, en lo que distintos medios describieron como un clima de acusaciones cruzadas de corrupción que también alcanza al vicepresidente Edmand Lara.
En paralelo, el gobierno enfrenta el rechazo de sectores productivos del oriente boliviano por la eliminación del subsidio al diésel para grandes consumidores, una medida que derivó en un fuerte incremento del precio del combustible. Javier Núñez, dirigente de un gremio de agricultores, anunció «marchas con tractores» para esta semana en rechazo a la medida, desafiando además un estado de excepción declarado por las autoridades. La combinación de ajuste económico y crisis política se produce en un contexto de ausencia pública del propio presidente Paz, que según distintas coberturas periodísticas no realizó apariciones públicas durante la semana posterior al ataque contra Beller.
La situación expone las tensiones de un gobierno que llegó al poder en noviembre de 2025 prometiendo estabilizar una economía boliviana golpeada por años de escasez de dólares y combustibles, pero que ahora debe sostener medidas de ajuste impopulares mientras enfrenta denuncias de corrupción y un escándalo judicial que compromete directamente a uno de sus principales operadores políticos, con ramificaciones que trascienden las fronteras bolivianas dado el perfil internacional de Cerimedo como consultor vinculado a espacios de la derecha y ultraderecha regional.
Desde la mirada de Utopía al Sur, el caso boliviano vuelve a poner sobre la mesa un patrón que se repite en distintos gobiernos de la región: el costo social de los ajustes económicos —en este caso, sobre sectores productivos y sobre el precio de los combustibles que afecta a toda la cadena de consumo— avanza en paralelo a escándalos de corrupción y violencia política que erosionan la legitimidad de las instituciones democráticas, en momentos en que la propia víctima de un intento de feminicidio señala directamente a la estructura de poder gubernamental.
Fuentes consultadas: La Jornada; Página/12; Infobae; Ámbito Financiero.
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