El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva afirmó el miércoles 26 de agosto que «Brasil está listo para dar estos pasos» en relación con el fin de la escala 6×1 —el régimen laboral que obliga a millones de trabajadores brasileños a cumplir seis días de trabajo por uno solo de descanso—, durante un almuerzo de trabajo con el presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Motta, y el titular del Senado, Davi Alcolumbre. El encuentro tuvo como objetivo definir la agenda legislativa de las últimas semanas antes de que el Congreso entre en un receso prolongado por el calendario electoral, lo que reduce drásticamente la ventana de tiempo disponible para avanzar con la reforma.
El fin de la jornada 6×1 forma parte de la Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC) 221/19, ya aprobada por la Cámara de Diputados, que ahora deberá superar dos votaciones en el Senado con el respaldo de al menos 49 senadores en cada una para convertirse en ley. La iniciativa surgió de una campaña impulsada originalmente desde el activismo sindical y ganó fuerza progresiva en el debate público brasileño durante los últimos dos años, hasta transformarse en una de las principales demandas del movimiento obrero del país, que sostiene que la escala 6×1 constituye una forma de sobreexplotación laboral incompatible con estándares mínimos de calidad de vida.
La discusión sobre la jornada laboral avanza, sin embargo, en paralelo a una propuesta de signo contrario: la denominada PEC 12/26, impulsada por el senador Rogério Marinho, que plantea una amplia flexibilización de las relaciones laborales, incluyendo la remuneración por hora y una mayor habilitación de acuerdos individuales entre empleadores y trabajadores por fuera de las convenciones colectivas. Esa iniciativa, bautizada por el movimiento sindical como la «PEC de la esclavitud», perdió respaldo en las últimas semanas: al menos tres senadores retiraron su firma del proyecto, en un contexto de fuerte movilización de las centrales sindicales tanto en el territorio como en redes sociales. El senador Paulo Paim, del Partido de los Trabajadores, resumió la disputa política de fondo: «Solo con mucha movilización en las redes y en las calles conseguiremos aprobar la reducción de la jornada todavía este año».
Además del fin de la escala 6×1, Lula presentó ante Motta y Alcolumbre otras tres prioridades legislativas para el tramo final del año: la exención de la denominada «tasa de las blusitas» que grava las compras internacionales de bajo valor, la PEC de Seguridad Pública y el Marco Legal de los Minerales Críticos, en una agenda que combina reclamos sociales con definiciones estratégicas sobre comercio exterior y recursos naturales, en un año marcado además por el anuncio de Lula de buscar un nuevo mandato en las elecciones de octubre.
Desde la mirada de Utopía al Sur, la disputa en torno a la jornada 6×1 sintetiza una tensión de fondo en la región: por un lado, un movimiento sindical y social que logró instalar en la agenda pública brasileña un reclamo históricamente invisibilizado sobre las condiciones reales de trabajo de millones de personas; por otro, sectores empresariales y parlamentarios que insisten en profundizar la flexibilización laboral bajo la lógica de la libre negociación individual, una fórmula que en la práctica suele traducirse en pérdida de derechos para la parte más débil de la relación laboral.
Fuentes consultadas: Brasil 247; DIAP (Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar).

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