Editorial: una semana que confirma que los derechos no se garantizan solos

La semana que Utopía al Sur repasa en esta edición tuvo, otra vez, dos velocidades. Por un lado, la velocidad de los hechos que ocupan portadas por su magnitud inmediata: la muerte de Rubén Rada y la despedida popular que unió honras de Estado con tambores de candombe en las calles de Montevideo; el reclamo de una causa por violencia sexual durante la dictadura uruguaya que avanza, más de cuatro décadas después, hacia la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por otro, la velocidad más lenta y menos visible de los procesos estructurales que rara vez alcanzan un titular propio: la persistencia de un alto el fuego en Gaza que no logra detener la violencia sobre la población civil palestina, una guerra en Sudán que amenaza con extenderse a Chad mientras 19 millones de personas atraviesan hambre aguda, y una masacre de pandillas en Haití que vuelve a mostrar los límites de la comunidad internacional frente a un Estado desbordado.

En el plano regional, la semana confirmó que la conflictividad social y laboral sigue siendo, pese a los discursos oficiales de estabilidad, una constante en América Latina. En Argentina, el gobierno de Javier Milei destinó fondos del sistema previsional a financiar créditos hipotecarios mientras los jubilados continúan marchando cada miércoles frente al Congreso, muchas veces bajo represión policial. En Uruguay, el sindicato portuario SUPRA sostiene un conflicto sin resolver con la multinacional belga Katoen Natie en la principal terminal de contenedores del país. En Brasil, el movimiento sindical logró instalar en la agenda legislativa el fin de la jornada 6×1, aunque enfrenta en el Senado una propuesta patronal que busca flexibilizar aún más las relaciones laborales. En Paraguay, organizaciones campesinas, indígenas y sindicales realizaron dos marchas masivas en apenas diez días para reclamar tierra, vivienda y respuestas a la crisis de la seguridad social. Y en Bolivia, el ajuste al subsidio del diésel se combinó con un escándalo judicial que salpica directamente a la estructura de poder del gobierno de Rodrigo Paz.

Ninguno de estos procesos es igual a los demás, y sería un error forzar una lectura única sobre realidades nacionales tan distintas. Pero hay un hilo que los atraviesa y que la línea editorial de Utopía al Sur considera central: en todos los casos, los derechos que están en disputa —previsionales, laborales, territoriales, de memoria y verdad, o simplemente el derecho a la vida frente a la violencia armada— no se sostienen por inercia institucional, sino por la capacidad de organización de quienes los reclaman. Los jubilados argentinos que marchan cada miércoles, el sindicato portuario uruguayo que declara asamblea permanente, las comunidades campesinas paraguayas que caminan hasta la residencia presidencial, las ex presas políticas uruguayas que después de más de una década de reclamo llegan a las puertas de la Corte Interamericana: en todos esos casos, un derecho avanzó o se sostuvo porque hubo organización social detrás, no porque el Estado o el mercado lo garantizaran de manera espontánea.

Esa misma lógica explica, en sentido inverso, las situaciones más graves de esta semana: en Gaza, un alto el fuego formalmente vigente no impide que Israel siga matando civiles palestinos, porque no existe una correlación de fuerzas internacional capaz de torcer esa conducta; en Sudán, la guerra entre el ejército y las RSF se sostiene en el tiempo porque ningún actor externo logró imponer un cese de hostilidades efectivo; en Haití, las bandas armadas controlan territorio porque el Estado haitiano y las misiones internacionales de seguridad no han logrado revertir esa correlación de fuerzas a favor de la población civil. La ausencia de organización y de correlación de fuerzas favorable no es un dato neutro: es, en sí misma, una de las causas de que la violencia continúe.

Desde Utopía al Sur reafirmamos, semana a semana, la convicción de que informar sobre estos procesos —y no solamente sobre los hechos que irrumpen en la agenda mediática dominante— es parte de nuestra tarea editorial. La memoria de Rubén Rada, la lucha de las ex presas políticas uruguayas, los reclamos sindicales y campesinos de la región, y las violencias que atraviesan a Gaza, Haití y Sudán no son temas separados: son, todos, parte de la misma disputa por decidir quién tiene derecho a una vida digna, y bajo qué condiciones ese derecho se sostiene en el tiempo.