Human Rights Watch documenta un aumento del reclutamiento de niños y niñas por grupos armados en Colombia

Human Rights Watch (HRW) publicó el lunes 24 de agosto un informe que documenta un aumento sostenido del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados en Colombia, con al menos 1.500 casos registrados desde 2021 y una tendencia claramente ascendente desde 2023. Según la organización, casi la mitad de las víctimas identificadas son niños y niñas indígenas, pese a que ese grupo representa apenas el 4 por ciento de la población del país, y más del 30 por ciento de los menores reclutados tenía entre 10 y 14 años, un dato que HRW señala como especialmente grave porque el reclutamiento de niños menores de 15 años puede constituir un crimen de guerra según el derecho internacional.

El informe identifica a los grupos disidentes de las antiguas FARC como responsables de la mayoría de los casos relevados, con particular protagonismo del Frente 33 del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), que opera en la región del Catatumbo, en la frontera con Venezuela. Más de la mitad de los casos documentados por la organización se concentran, sin embargo, en el departamento del Cauca, en el suroeste del país, una de las zonas con mayor presencia histórica de grupos armados y también con mayor población indígena y afrodescendiente.

Según reconstruye HRW, el reclutamiento no se limita a la coerción directa: los grupos armados recurren a promesas de dinero, poder social y prestigio para captar a menores en contextos marcados por la pobreza y la exclusión, y en varios casos pagan a reclutadores civiles hasta 1.000 dólares por cada niño o niña incorporado. La organización identificó además el uso creciente de redes sociales —principalmente Facebook y TikTok— tanto para glorificar la vida armada como para establecer contacto directo con menores, una modalidad que según HRW plantea desafíos regulatorios específicos para las plataformas.

Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch, resumió el diagnóstico de la organización con una frase contundente: «Cada niño reclutado es una muestra del fracaso del Estado». El informe llama a las autoridades colombianas a fortalecer las instituciones de protección de la niñez con recursos suficientes, a implementar una política integral de seguridad y justicia en los territorios más afectados, a trabajar de manera coordinada con líderes comunitarios e indígenas que conocen de primera mano la dinámica del reclutamiento, y a exigir mayor debida diligencia a las plataformas de redes sociales utilizadas por los grupos armados para captar menores.

El hallazgo se produce en un contexto de implementación parcial y fragmentada del Acuerdo de Paz de 2016 y de proliferación de grupos armados disidentes y sucesores del paramilitarismo en distintas regiones del país, un fenómeno que numerosas organizaciones sociales y de derechos humanos vienen señalando como uno de los principales obstáculos para consolidar una paz territorial efectiva, particularmente en las zonas rurales, indígenas y afrodescendientes históricamente más golpeadas por el conflicto armado colombiano.

Desde la perspectiva de Utopía al Sur, el informe de HRW pone en primer plano una dimensión del conflicto colombiano que suele quedar postergada frente a la cobertura centrada en negociaciones de paz o en operativos militares: la infancia indígena y campesina sigue pagando un costo desproporcionado de una guerra que el Estado colombiano no ha logrado desactivar en los territorios donde estos grupos armados disputan control social, económico y territorial.

Fuentes consultadas: Human Rights Watch; El Espectador.