Una masacre de pandillas con 47 muertos y más de 50 secuestrados vuelve a golpear a Haití

Un ataque armado contra la comunidad de Kenscoff, en las montañas cercanas a Puerto Príncipe, dejó al menos 47 personas muertas —entre ellas cinco niños— y más de 50 secuestradas, en uno de los episodios de violencia más graves ocurridos en Haití en los últimos meses. El hecho ocurrió el domingo 23 de agosto y estuvo encabezado por un grupo armado liderado por un jefe identificado como «Izo 2» (también conocido como «Didi»), que opera bajo la coordinación de Johnson André, alias «Izo», uno de los líderes de bandas más poderosos del país.

Según reconstruyeron medios locales e internacionales, el jefe de la banda llegó a amenazar directamente al director de la Policía Nacional de Haití, Normil Rameau, advirtiendo represalias si alguno de sus hombres resultaba herido en un eventual operativo de respuesta. La magnitud del ataque —47 muertos y más de medio centenar de secuestrados en una sola comunidad— llevó a distintos analistas a interpretarlo como una demostración de poder de las bandas armadas de cara a las elecciones previstas para diciembre de 2026, en un país donde los grupos armados controlan de facto amplias porciones del territorio, incluida gran parte de la capital.

El episodio se inscribe en un deterioro sostenido de la situación de seguridad: solo entre abril y junio de este año se registraron 1.408 muertes y 656 heridos por violencia vinculada a las bandas armadas en todo el país, además de 326 víctimas de violencia sexual documentadas en el mismo período, una cifra que distintas organizaciones humanitarias consideran subestimada dada la dificultad para relevar denuncias en las zonas bajo control de grupos armados. Frente a la masacre de Kenscoff, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, reclamó a las autoridades haitianas que refuercen la protección de la población civil y garanticen «investigaciones independientes e imparciales sobre las violaciones y abusos cometidos».

Uno de los aspectos que distintas coberturas destacaron tras el ataque es la persistencia del flujo ilegal de armas hacia Haití, pese a que la ONU mantiene un embargo de armamento sobre el país desde 2022. Poco después de la masacre, otra banda difundió en redes sociales imágenes de lo que presentó como un nuevo cargamento de armas llegado desde el exterior, en una exhibición que confirma las dificultades para controlar las rutas de tráfico de armamento hacia el país, señaladas en reiteradas ocasiones por organismos internacionales y por la propia Policía Nacional haitiana.

La violencia de Kenscoff ocurre en medio de un proceso de transición política marcado por la fragilidad institucional y por la presencia de una fuerza de seguridad multinacional —la Gang Suppression Force (Fuerza de Supresión de Bandas)— cuya capacidad operativa real para contener a los grupos armados sigue siendo, según coinciden distintos análisis, marcadamente insuficiente frente al poder de fuego y el control territorial que las bandas exhiben cada vez con mayor frecuencia.

Desde la mirada de Utopía al Sur, la masacre de Kenscoff confirma un patrón que la comunidad internacional ha sido incapaz de revertir: la combinación de un Estado haitiano debilitado, un embargo de armas que no logra aplicarse en los hechos y misiones de seguridad internacionales con recursos y mandatos insuficientes, deja a la población civil haitiana expuesta a una violencia que ya lleva años sin freno real, y que golpea de manera particular a las comunidades más pobres y a las mujeres y niños del país.

Fuentes consultadas: Infobae; CNN en Español; Audacy Noticias.