El conflicto portuario entre el sindicato de la Terminal Cuenca del Plata y Katoen Natie sigue sin resolverse

El conflicto laboral en la Terminal Cuenca del Plata (TCP), la principal terminal de contenedores del puerto de Montevideo, sigue sin resolverse pese a varias rondas de negociación en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. La empresa belga Katoen Natie, que opera la terminal, presentó el 26 de agosto cambios verbales sobre tres de los seis puntos reclamados por el Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (SUPRA), referidos a la cantidad de jornales garantizados y a categorías laborales de logística y aduana, y calificó esa propuesta como «la última» para cerrar el acuerdo. El sindicato la rechazó: denunció que la empresa se retiró «unilateralmente» de la mesa de negociación luego de que el gremio presentara una contrapropuesta que atendía todos los planteos patronales, la cual —según SUPRA— fue «completamente desestimada». Como respuesta, el sindicato declaró asamblea permanente y anunció que en los próximos días definirá si avanza hacia nuevas medidas de fuerza.

El conflicto se originó cuando venció, el 27 de abril de este año, el convenio colectivo que regía las condiciones laborales en la terminal. Según el sindicato, la empresa impuso una cláusula que llevó deliberadamente al fin del contrato, eliminando beneficios laborales y una cláusula de paz que hasta entonces regía la relación entre las partes. A los reclamos por jornales garantizados y esencialidad se sumaron denuncias por condiciones de trabajo: los trabajadores señalaron, entre otras cosas, la negativa de la empresa a instalar dispensadores de agua caliente y baños portátiles durante el invierno. La patronal, por su parte, calificó de «coacción inaceptable» los reclamos sindicales de jornales mensuales garantizados o compensaciones, y responsabilizó a las medidas de fuerza del sindicato por el desvío de buques hacia otros puertos de la región, con pérdidas económicas que la empresa estima en millones de dólares.

Katoen Natie, la multinacional belga de logística portuaria, es propietaria del 80 por ciento de TCP; el 20 por ciento restante pertenece a la estatal Administración Nacional de Puertos (ANP). La terminal emplea a unos 550 trabajadores nucleados en SUPRA. En la última reunión de la que se tiene registro, el dirigente sindical Álvaro Reinaldo señaló que en la asamblea «se discutieron los avances que hubo durante los últimos días» y remarcó que la garantía de jornales es un punto ineludible para poder cerrar un acuerdo, mientras que la discusión sobre esencialidad —un régimen que limitaría el derecho a huelga en el sector— quedaría para futuras rondas del Consejo de Salarios.

El conflicto portuario se inscribe en una discusión de fondo sobre el rol de la inversión extranjera en infraestructura estratégica y los límites de la negociación colectiva frente a una multinacional que opera una terminal concesionada por el Estado uruguayo. La disputa por el agua caliente y los baños portátiles en pleno invierno, mencionada reiteradamente por el sindicato, funciona como una síntesis del reclamo: para los trabajadores portuarios, las condiciones básicas de trabajo quedaron subordinadas a una negociación comercial entre la empresa y las autoridades del puerto.

Fuentes consultadas: la diaria (ladiaria.com.uy); Infobae; Ámbito Financiero (ambito.com).