Una movilización que recorrió hasta 900 kilómetros consiguió que el gobierno de Rodrigo Paz derogara una reforma cuestionada por facilitar la concentración de la tierra. La decisión fue una victoria para las organizaciones campesinas, aunque la expansión de la agroindustria, la flexibilización minera y el riesgo de nuevos incendios mantienen en alerta a las comunidades indígenas y rurales.
Vivian Palomequi salió desde la Amazonia boliviana y caminó durante un mes hasta La Paz. El recorrido, de aproximadamente 900 kilómetros, atravesó regiones muy diferentes antes de alcanzar la sede del gobierno a fines de abril. Palomequi, dirigente de una organización de campesinos de las tierras bajas, marchó junto con cientos de personas para reclamar la derogación de una ley que, según las organizaciones rurales, podía abrir el camino a la privatización y concentración de pequeñas propiedades.
La protesta no llegó sola a la capital. Formó parte de una serie de marchas, bloqueos de carreteras, concentraciones y acciones comunitarias contra las políticas agrarias, mineras y ambientales del gobierno de Rodrigo Paz. En algunos territorios, las comunidades levantaron puestos de vigilancia. En otros, sus dirigentes se colocaron como escudos humanos para impedir el ingreso de empresas a áreas protegidas.
La movilización consiguió su primer objetivo. La Ley 1720, aprobada a comienzos de abril, fue abrogada en mayo por el Parlamento boliviano. Sin embargo, las comunidades que participaron en la marcha no consideran cerrado el conflicto. La norma desapareció, pero los intereses económicos que la impulsaron continúan ocupando un lugar central en las políticas gubernamentales.
Una modificación que cambiaba el valor de la tierra
La Ley 1720 autorizaba al Instituto Nacional de Reforma Agraria a convertir pequeñas propiedades tituladas en propiedades medianas cuando sus dueños lo solicitaran. Presentada de ese modo, la medida podía parecer una ampliación de derechos: una persona propietaria de una pequeña parcela tendría la libertad de cambiar su categoría para acceder al crédito formal, utilizarla como garantía y obtener recursos para invertir.
El problema se encontraba en las consecuencias de esa transformación.
La pequeña propiedad agraria posee una protección especial dentro del ordenamiento boliviano. No puede dividirse libremente ni ser embargada de la misma manera que una propiedad comercial. Esa protección procura impedir que una mala cosecha, una deuda o una situación económica adversa deje a una familia sin la tierra de la que depende para vivir y producir.
Al convertirse en propiedad mediana, la parcela podía ingresar al mercado como un activo comercial. Desde ese momento, quedaba expuesta a operaciones de compraventa, división, ejecución bancaria o adquisición empresarial. Lo que para sus defensores representaba acceso al crédito, para las organizaciones campesinas podía transformarse en una ruta hacia el endeudamiento y la pérdida de la tierra.
La diferencia no era únicamente jurídica. Una pequeña parcela es, con frecuencia, el lugar donde una familia vive, produce alimentos y sostiene vínculos comunitarios. Su valor no puede reducirse al precio que alcanzaría dentro del mercado inmobiliario o agropecuario.
Las organizaciones temían, además, que la reforma fuera aprovechada para acelerar el avance de la frontera agroindustrial. Una vez convertida la propiedad y expuesta al mercado, una empresa podía adquirirla, unirla con otras parcelas e incorporarla a grandes extensiones destinadas principalmente a soja, ganadería o cultivos de exportación.
La tierra pasaba así de ser un medio de vida protegido a convertirse en un bien financiero capaz de concentrarse.
La marcha que obligó a retroceder
Las organizaciones campesinas e indígenas declararon el estado de emergencia y comenzaron la movilización. La distancia recorrida expuso las dificultades que suelen enfrentar las comunidades rurales para ser escuchadas por el poder político. Mientras los representantes empresariales pueden reunirse con las autoridades en oficinas de La Paz, los campesinos tuvieron que caminar durante semanas para colocar su reclamo en la agenda nacional.
La presión social obligó al Parlamento a retroceder. El 13 de mayo, la Cámara de Diputados sancionó la abrogación de la Ley 1720, aceptando las modificaciones introducidas por el Senado. La resolución encomendó a ambas cámaras elaborar, dentro de un plazo de 60 días, un nuevo marco normativo que estableciera condiciones, procedimientos y salvaguardas para cualquier posible conversión voluntaria de pequeñas propiedades.
El texto aprobado también dispuso que quedaran expresamente protegidas las tierras comunitarias de origen, los territorios indígenas originarios campesinos, las comunidades y las reservas naturales. El proceso de elaboración de una nueva propuesta deberá contar, al menos formalmente, con organizaciones representativas nacionales y departamentales. La Cámara de Diputados informó oficialmente sobre la abrogación y las condiciones incorporadas por el Senado.
La derogación demostró que la movilización podía modificar una decisión ya adoptada. También dejó abierta una nueva etapa. Las organizaciones deberán seguir el proceso de redacción para evitar que la reforma vuelva bajo otra denominación o que las salvaguardas sean insuficientes.
La experiencia latinoamericana muestra que la participación escrita en una norma no garantiza una incidencia efectiva. Importará saber qué organizaciones serán convocadas, cuánto tiempo tendrán para estudiar la propuesta y si sus observaciones podrán modificar el texto final.
La agroindustria ya no necesita intermediarios
El conflicto adquirió mayor profundidad por la composición del gobierno de Rodrigo Paz. Organizaciones ambientales y especialistas advierten que dirigentes vinculados a las principales asociaciones agroindustriales ocupan ahora responsabilidades estratégicas.
El Ministerio de Planificación del Desarrollo y Ambiente quedó bajo la conducción de un exdirigente de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo, una de las organizaciones más influyentes de la agroindustria boliviana. A su vez, el Ministerio de Desarrollo Productivo, Rural y Agua es encabezado por Óscar Mario Justiniano Pinto, anteriormente vinculado con la Cámara Agropecuaria del Oriente. Su designación figura en el portal oficial del ministerio.
La presencia de estos representantes no demuestra por sí sola que cada decisión estatal responda a intereses empresariales. Pero obliga a examinar posibles conflictos de intereses y a observar quiénes acceden con mayor facilidad a los espacios de decisión.
Bolivia posee una agroindustria concentrada principalmente en las tierras bajas orientales. La soja, la ganadería y otros productos de exportación generan divisas y forman parte importante de la economía. Ese peso económico ha permitido a las asociaciones empresariales influir sobre políticas de tierras, desmontes, biotecnología y comercio exterior.
El gobierno autorizó también el uso de soja HB4, una variedad genéticamente modificada para resistir condiciones de sequía. Sus defensores argumentan que puede sostener la producción frente a la crisis climática. Organizaciones campesinas y ambientales advierten sobre la dependencia de semillas patentadas, el uso de agroquímicos y la expansión de monocultivos.
El debate no debería reducirse a aceptar o rechazar toda innovación tecnológica. La pregunta es qué modelo productivo se fortalece, quién controla las semillas, cómo se distribuyen los beneficios y qué consecuencias soportan las comunidades.
Una contradicción anterior al actual gobierno
La expansión extractiva no comenzó con Rodrigo Paz. Durante los gobiernos del Movimiento al Socialismo, Bolivia reconoció derechos indígenas, impulsó una nueva Constitución y otorgó mayor representación política a sectores históricamente excluidos. La llegada de Evo Morales, primer presidente indígena del país, tuvo una importancia que excedió las fronteras bolivianas.
Aquellos gobiernos también redujeron la pobreza y utilizaron parte de los ingresos obtenidos por la explotación de recursos naturales para financiar políticas sociales e infraestructura. Esos avances no eliminan sus contradicciones.
El modelo económico continuó dependiendo de la extracción y exportación de gas, minerales y productos agropecuarios. Cuando las comunidades se opusieron a carreteras, explotaciones petroleras, proyectos hidroeléctricos o actividades mineras dentro de sus territorios, entraron en conflicto con un Estado que se presentaba como defensor de la Madre Tierra.
Uno de los momentos más significativos fue la disputa por la carretera proyectada a través del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure. La represión de la marcha indígena en Chaparina, en 2011, dejó una herida profunda y mostró los límites del discurso gubernamental.
También durante las administraciones del MAS se habilitaron actividades hidrocarburíferas en áreas protegidas y se negociaron acuerdos con sectores agroindustriales. La relación con las cooperativas mineras combinó alianzas políticas, concesiones y conflictos.
Reconocer estos antecedentes es necesario para comprender la situación actual. La crítica al gobierno de Paz no debería idealizar el período anterior. La continuidad extractiva atraviesa gobiernos de distinta orientación y se fortalece cada vez que una crisis fiscal o una falta de divisas se intenta resolver mediante una mayor explotación de recursos naturales.
Minería, mercurio y áreas protegidas
Las organizaciones indígenas también cuestionan la flexibilización de los controles mineros. En abril, una resolución ministerial redujo requisitos legales para miles de operaciones que no cumplían plenamente con la normativa. En mayo, el gobierno alcanzó un acuerdo con cooperativas mineras que, según organizaciones ambientales, disminuye las barreras para operar en áreas protegidas y territorios indígenas.
La minería aurífera se ha expandido sobre las tierras bajas tropicales, impulsada por los elevados precios internacionales del oro. Parte de esa actividad utiliza mercurio, un metal tóxico que llega a los ríos y se acumula en peces consumidos por las comunidades.
La contaminación no se detiene en el punto donde se encuentra una draga o un emprendimiento. Recorre los cursos de agua, afecta la alimentación y puede permanecer durante años dentro de los organismos. Las poblaciones indígenas que dependen de la pesca se encuentran particularmente expuestas.
Las cooperativas mineras poseen una considerable capacidad de presión. Sus bloqueos de carreteras y movilizaciones han condicionado a gobiernos de diferentes signos. La dificultad para controlar sus actividades muestra que la presencia formal del Estado no siempre se traduce en protección ambiental.
Tariquía y la criminalización de quienes resisten
La reserva de Tariquía, en el sureste boliviano, resume otra dimensión del conflicto. Comunidades locales han intentado impedir el ingreso de actividades hidrocarburíferas mediante bloqueos y puestos de vigilancia.
Nelly Coca, dirigente de la zona, pasó las fiestas de fin de año sobre una carretera, junto con otras personas que buscaban impedir el ingreso de Petrobras. La Policía desmontó posteriormente la protesta para permitir el inicio de los trabajos exploratorios. La empresa sostuvo que cuenta con licencia ambiental y que cumple las exigencias legales.
Luego del desalojo, Coca y otros activistas quedaron expuestos a acciones judiciales. El caso plantea una cuestión fundamental: una autorización administrativa no resuelve por sí sola el conflicto cuando las comunidades denuncian que no existió una consulta libre, previa e informada.
El gobierno de Evo Morales ya había abierto en 2015 la posibilidad de realizar actividades de hidrocarburos dentro de áreas protegidas. Rodrigo Paz, por su parte, había prometido defender Tariquía cuando ocupaba la Alcaldía de Tarija. Esa historia explica por qué algunos dirigentes comunitarios hablan de traición.
Incendios y una temporada de alto riesgo
La expansión agropecuaria se relaciona directamente con los incendios. El fuego se utiliza para limpiar terrenos y preparar nuevas áreas de cultivo o pastoreo. Cuando coincide con sequías, temperaturas elevadas y falta de control, puede extenderse sobre bosques, territorios indígenas y áreas protegidas.
Especialistas advierten que Bolivia podría enfrentar una temporada especialmente peligrosa si se consolida un nuevo episodio de El Niño. La acumulación de material seco aumenta el riesgo y vuelve indispensable realizar tareas preventivas antes de que comiencen los incendios.
Las organizaciones ambientales sostienen que esas políticas no ocupan un lugar suficiente en la agenda gubernamental. La prevención recibe menos atención que la respuesta de emergencia, cuando el daño ya se ha extendido y resulta mucho más difícil de contener.
Los incendios de años anteriores destruyeron millones de hectáreas, afectaron fauna, viviendas y medios de vida. También facilitaron el cambio de uso del suelo después de que el bosque fuera arrasado.
Una victoria que exige vigilancia
La derogación de la Ley 1720 fue una conquista concreta. La marcha logró detener una norma aprobada y obligó al Estado a reconocer la necesidad de nuevas salvaguardas. No fue un gesto concedido desde arriba, sino el resultado de semanas de organización y desgaste físico.
Sin embargo, el conflicto de fondo permanece. La presión sobre la tierra se expresa mediante leyes, créditos, desmontes, incendios, minería, hidrocarburos y proyectos de infraestructura. Sus protagonistas también cambian: empresas, cooperativas, funcionarios, intermediarios y actores financieros.
Las comunidades indígenas y campesinas no se oponen necesariamente a producir, obtener ingresos o mejorar sus condiciones de vida. Lo que reclaman es participar en las decisiones y conservar el control sobre los territorios que sostienen su existencia.
La soberanía alimentaria depende de esas pequeñas propiedades que producen para el consumo local y mantienen conocimientos acumulados durante generaciones. Cuando la tierra se concentra, también se concentra la capacidad de decidir qué se cultiva, con qué semillas y para qué mercados.
La marcha hacia La Paz terminó, pero la vigilancia continúa. La nueva legislación prometida, los acuerdos mineros, el avance agroindustrial y la temporada de incendios determinarán si la derogación fue el comienzo de un cambio o apenas una pausa dentro de un proceso de despojo más amplio.
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