La palabra parece salida de una distopía, pero nombra una disputa muy concreta del presente. El tecnofascismo no es una máquina que gobierna sola, sino la alianza entre grandes corporaciones tecnológicas, Estados securitarios, millonarios de Silicon Valley, inteligencia artificial, vigilancia masiva y proyectos políticos autoritarios.
Cada época inventa sus propias formas de obediencia. Algunas llegan con uniformes, himnos, botas y discursos de patria. Otras llegan como aplicaciones, términos de uso, cámaras inteligentes, bases de datos, algoritmos de recomendación y promesas de eficiencia. El tecnofascismo pertenece a esta segunda familia. No necesita anunciarse como dictadura para producir efectos autoritarios. Puede presentarse como innovación, seguridad, productividad o modernización.
La palabra incomoda porque une dos universos que muchas veces se prefieren separados. Por un lado, la tecnología, asociada al futuro, al progreso, a la comodidad. Por otro, el fascismo, asociado al pasado, a la violencia política, al culto del jefe, al enemigo interno, al control de los cuerpos y a la destrucción de la democracia. Pero el presente suele trabajar con materiales mezclados. Las viejas lógicas de dominación no desaparecen: aprenden nuevos lenguajes.
Hablar de tecnofascismo no significa decir que toda tecnología sea fascista. Sería absurdo. Las tecnologías también sirven para cuidar, organizar, denunciar, educar, recordar, conectar y defender derechos. La cuestión empieza cuando las infraestructuras digitales dejan de ser herramientas disponibles para la sociedad y se transforman en arquitecturas privadas de gobierno. Cuando unas pocas empresas deciden qué vemos, qué callamos, qué se vuelve visible, qué se castiga, qué se monetiza y qué queda fuera del mundo.
En 2026, el debate dejó de ser marginal. Investigadores como Mark Coeckelbergh han advertido que el desarrollo acelerado de la inteligencia artificial y las tecnologías digitales introduce mecanismos de control, formas de organización e imaginarios políticos que pueden parecerse a fenómenos autoritarios del pasado, aunque operen con otros instrumentos Springer. Desde el MIT Data Feminism Lab, el concepto se define también como una convergencia entre grandes compañías tecnológicas, multimillonarios de derecha y culturas empresariales que acompañan agendas antidemocráticas MIT Data Feminism Lab.
La novedad no está en que el poder quiera vigilar. Eso lo hizo siempre. La novedad está en la escala, la velocidad y la naturalización. Antes, vigilar exigía archivos, funcionarios, policías, delatores, documentos. Hoy puede apoyarse en teléfonos, cámaras, geolocalización, reconocimiento facial, historiales de búsqueda, huellas biométricas, compras, conversaciones, mapas de contactos y sistemas automáticos que ordenan poblaciones enteras sin que nadie vea el expediente completo.
El tecnofascismo no reemplaza al Estado: lo reconfigura. Tampoco reemplaza al capital: lo radicaliza. Su fuerza nace de una alianza entre empresas que concentran datos y gobiernos que buscan control. Allí donde antes había ciudadanía, aparece “perfil de riesgo”. Allí donde había trabajador, aparece “recurso optimizable”. Allí donde había comunidad, aparece “mercado segmentado”. Allí donde había conflicto social, aparece “amenaza a neutralizar”.
Las plataformas digitales se volvieron la nueva plaza pública, pero no son públicas. Son espacios privados donde se discute lo común bajo reglas opacas. Un algoritmo puede amplificar odio, invisibilizar denuncias, premiar mentiras rentables o empujar a millones hacia discursos cada vez más extremos. La ultraderecha entendió esto antes que muchos sectores democráticos: no usa las redes solo para comunicar, sino para organizar afectos. Rabia, miedo, resentimiento, nostalgia autoritaria. Cada emoción puede ser convertida en dato, cada dato en predicción, cada predicción en campaña.
Por eso el tecnofascismo no necesita censurar siempre de manera clásica. Puede saturar. Puede ensuciar el debate hasta que la verdad parezca una opinión más. Puede convertir el periodismo en sospecha, la ciencia en conspiración, los derechos humanos en privilegio, la memoria histórica en adoctrinamiento. No siempre prohíbe hablar; a veces logra algo más eficaz: que nadie se escuche.
En los últimos años, la frontera entre Silicon Valley y la política de derecha se hizo más visible. El Transnational Institute publicó en 2026 un análisis sobre el giro derechista de sectores tecnológicos y su acercamiento a Donald Trump, señalando no solo oportunismo económico, sino raíces ideológicas vinculadas a jerarquías raciales, militarismo y visiones elitistas del futuro TNI. La imagen del emprendedor neutral, encerrado en un garaje, quedó vieja. Los nuevos magnates tecnológicos intervienen en elecciones, compran medios, financian campañas, presionan gobiernos y definen agendas globales.
El caso de Elon Musk funciona como síntoma, no como excepción. Su poder no proviene solo de su fortuna, sino de una combinación peligrosa: control de infraestructura comunicacional, influencia política, capacidad de financiamiento electoral y construcción de sentido común reaccionario. En julio de 2026, una comisión electoral de Wisconsin concluyó que pagos millonarios vinculados a Musk durante una elección judicial probablemente violaron leyes contra el soborno electoral The Guardian. Más allá del expediente concreto, el dato político es evidente: los dueños de la tecnología ya no se conforman con vender herramientas al poder. Quieren ser poder.
La inteligencia artificial ocupa un lugar central en esta discusión. Se la presenta como una mente limpia, sin ideología, capaz de resolver lo que la política no resuelve. Pero los sistemas de IA no nacen en el vacío. Son entrenados con datos, financiados por empresas, regulados por intereses, alojados en infraestructuras privadas y desplegados en contextos de desigualdad. Una IA puede ayudar a diagnosticar enfermedades o traducir lenguas. También puede seleccionar blancos militares, vigilar migrantes, automatizar despidos, negar beneficios sociales o producir propaganda personalizada.
El problema no es la inteligencia artificial como herramienta, sino la sociedad que decide para qué la usa y bajo qué controles. Cuando la IA se integra a aparatos policiales, fronterizos, militares y empresariales sin transparencia democrática, deja de ser una promesa técnica y se convierte en una tecnología de mando.
Un informe citado por Reuters en julio de 2026 mostró que grandes modelos de IA eran menos propensos a criticar a gobiernos represivos que a países con libertades más amplias. Según la Junta de Supervisión de Meta, esos modelos rechazaban con mayor frecuencia contenidos políticamente críticos cuando se trataba de regímenes restrictivos, lo que abre preguntas profundas sobre censura, entrenamiento, sesgos y derechos humanos Reuters. Si una máquina aprende a ser prudente frente al autoritarismo y complaciente con el poder, la obediencia empieza a parecer neutralidad técnica.
También hay un costado militar cada vez más explícito. Empresas como Palantir, contratista histórica del aparato de seguridad estadounidense, han defendido una visión de la inteligencia artificial ligada a la guerra, la vigilancia y el control social. El debate público se encendió cuando distintos análisis advirtieron sobre manifiestos empresariales que relativizan la democracia y presentan la IA como arma geopolítica El País. La vieja promesa de conectar al mundo convive ahora con otra promesa más oscura: clasificarlo, predecirlo, disciplinarlo.
En América Latina, esta discusión no puede mirarse como una moda del Norte. La región conoce demasiado bien la relación entre tecnología, seguridad y autoritarismo. Las dictaduras del siglo XX usaron archivos, fichas, teléfonos intervenidos, listas negras, inteligencia militar y cooperación represiva internacional. La Operación Cóndor fue, a su manera, una tecnología política del terror. Hoy los instrumentos son otros, pero la pregunta sigue siendo parecida: quién mira, quién guarda los datos, quién decide, quién controla al controlador.
El tecnofascismo latinoamericano puede tomar formas específicas. Cámaras de reconocimiento facial en barrios pobres. Bases de datos policiales sin auditoría. Sistemas predictivos que refuerzan prejuicios de clase y raza. Campañas digitales de odio contra feministas, sindicalistas, periodistas, indígenas, afrodescendientes y militantes sociales. Privatización de servicios públicos mediante plataformas. Dependencia de nubes, servidores y modelos de IA controlados por corporaciones extranjeras. Discursos de mano dura amplificados por granjas de contenido. Y una vieja receta: convertir la desigualdad en culpa individual y la protesta social en amenaza.
El tecnofascismo no llega diciendo “soy fascismo”. Llega diciendo que hay que terminar con el desorden. Que los pobres son sospechosos. Que los migrantes son invasores. Que las feministas destruyen la familia. Que los sindicatos atrasan. Que los derechos humanos son una molestia. Que la democracia es lenta. Que la justicia social es ideología. Que la eficiencia vale más que la deliberación. Que los técnicos deben decidir lo que los pueblos no entienden.
Ese es el punto más peligroso: cuando la política se presenta como un problema técnico. Si la pobreza es un dato, no una injusticia, basta administrarla. Si la violencia es un patrón estadístico, no una consecuencia social, basta anticiparla. Si la ciudadanía es una colección de perfiles, no un sujeto colectivo, basta segmentarla. Así se vacía la democracia sin necesidad de clausurar formalmente sus instituciones.
Frente a esto, la respuesta no puede ser nostalgia antitecnológica. Nadie necesita volver a una pureza inexistente. La disputa no es entre tecnología y humanidad, sino entre tecnologías para la vida y tecnologías para el dominio. Hay que defender inteligencia artificial pública, auditada, transparente, con control social. Hay que exigir derechos digitales, protección de datos, soberanía tecnológica, límites a la vigilancia, regulación de plataformas, responsabilidad empresarial y participación ciudadana en decisiones que afectan la vida común.
También hay que recuperar una palabra que el mercado detesta: propiedad. ¿De quién son los datos? ¿Quién se beneficia con el trabajo colectivo que alimenta modelos de IA? ¿Quién paga los costos ambientales de los centros de datos? ¿Quién controla la infraestructura? ¿Quién decide qué lenguas, memorias y culturas entran en los sistemas automáticos? Sin estas preguntas, la tecnología se vuelve destino. Y cuando algo se presenta como destino, la política empieza a retirarse.
El tecnofascismo es, en el fondo, una advertencia. No dice que el futuro ya esté perdido. Dice que el futuro está siendo disputado por fuerzas que quieren convertir la vida social en una máquina de obediencia rentable. Del otro lado, todavía existen comunidades, movimientos, trabajadores, periodistas, docentes, programadores, feminismos, organizaciones de derechos humanos y pueblos que entienden que ninguna innovación vale si exige sacrificar la libertad, la igualdad y la dignidad.
La pregunta no es si habrá tecnología. La habrá. La pregunta es quién la gobierna, con qué fines y al servicio de qué mundo. Porque una sociedad puede usar máquinas muy avanzadas para reproducir jerarquías muy antiguas. Y también puede hacer otra cosa: poner el conocimiento común al servicio de la vida común. Esa sigue siendo la frontera política de nuestro tiempo, de ella dependerá nuestro futuro.
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