A 50 años del golpe: cómo Argentina y Uruguay conmemoran medio siglo desde la última dictadura

Buenos Aires declaró 2026 «Año de los Derechos Humanos por la Memoria, la Verdad y la Justicia»; en Uruguay, los sitios de memoria del terrorismo de Estado siguen siendo territorio de disputa política.

Este año se cumple medio siglo del golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976 en Argentina, que dio inicio a la última dictadura del país. En ese marco, el gobierno de la provincia de Buenos Aires declaró a 2026 «Año de los Derechos Humanos por la Memoria, la Verdad y la Justicia», una decisión que busca reafirmar el compromiso estatal con las políticas de memoria y que se tradujo en una agenda de actividades a lo largo del año: seminarios internacionales sobre políticas de la memoria, la «Semana de la Memoria» organizada por la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA bajo el lema «A 50 años del último golpe de Estado: dictadura, resistencias y democracia», y numerosas instancias de conmemoración en distintos niveles del Estado.

Durante la dictadura argentina (1976-1983), el régimen de facto perpetró violaciones sistemáticas y continuas a los derechos humanos: privación ilegítima de la libertad seguida de tortura o violencia sexual, desapariciones forzadas de personas y robo de identidad de bebés y niños, hechos que fueron juzgados y condenados por la Justicia argentina en las décadas posteriores y que constituyen uno de los procesos de memoria, verdad y justicia más desarrollados de la región.

En Uruguay, la dictadura cívico-militar se extendió entre 1973 y 1985 y también implicó terrorismo de Estado con similares patrones de represión ilegal. La Ley N° 19.641 declaró Sitios de Memoria Histórica del pasado reciente a los lugares vinculados con la represión ilegal, la tortura y la resistencia, un marco legal que busca preservar esos espacios como parte del patrimonio histórico y educativo del país. El propio Parlamento uruguayo mantiene documentación y debate activo sobre la memoria histórica del período.

Estas conmemoraciones ocurren en simultáneo con tensiones concretas sobre impunidad. En Uruguay hay dos proyectos con nombre y apellido: el senador colorado Pedro Bordaberry impulsa, dentro de la Rendición de Cuentas, la prisión domiciliaria para condenados mayores de 70 años por delitos de la dictadura, junto con la creación de una comisión presidencial para la «reconciliación y el Nunca Más»; el diputado nacionalista Rodrigo Goñi había presentado antes una iniciativa similar para mayores de 70 años. Un sector de Cabildo Abierto retomó además una versión de la propuesta —para mayores de 65— luego de que fuera retirada de la Rendición de Cuentas. El Frente Amplio rechazó la iniciativa de Bordaberry con un argumento directo: «no son presos políticos».

Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos convocó una conferencia de prensa en la sede del PIT-CNT para repudiar estos proyectos. Una de sus integrantes, Elena Zaffaroni, lo resumió así: los beneficios «llegan a viejos en impunidad, libres», en referencia a que los condenados por delitos de lesa humanidad no cumplieron ni un día en las condiciones que sí enfrentaron los presos políticos durante la dictadura. La organización también reclama que el Poder Ejecutivo ordene a las Fuerzas Armadas entregar información sobre el destino de los detenidos desaparecidos. En Argentina, organizaciones nucleadas en torno a Memoria Abierta sostienen una posición histórica equivalente: la preservación de sitios de memoria y el sostenimiento de los juicios son condiciones necesarias para que el «Nunca Más» no sea solo una consigna.

El aniversario puede fortalecer el consenso social en torno a la memoria, pero la disputa legislativa uruguaya sobre prisión domiciliaria muestra que ese consenso no está garantizado ni es lineal: la memoria histórica sigue siendo, medio siglo después, un campo de batalla político.

Análisis: Conmemorar no puede limitarse a declaraciones simbólicas. Que en el mismo año en que se cumplen 50 años del golpe en Argentina, senadores y diputados uruguayos de distintos partidos impulsen en paralelo proyectos de prisión domiciliaria para condenados por delitos de lesa humanidad es una contradicción que merece señalarse con toda claridad. Coincidimos con el argumento de Familiares de Detenidos Desaparecidos: equiparar el trato a represores condenados con el de cualquier otro condenado de edad avanzada ignora que esos represores gozaron de décadas de libertad e impunidad antes de ser juzgados, algo que jamás ocurrió con los presos políticos de la dictadura. La memoria, la verdad y la justicia no son compatibles con atajos hacia la impunidad.

El trámite parlamentario de los proyectos de Bordaberry y Goñi en la Rendición de Cuentas, la respuesta del Frente Amplio y de las organizaciones de derechos humanos, y las actividades de la Semana de la Memoria en ambos países marcarán la agenda de las próximas semanas en torno a este debate.

Fuentes consultadas: Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Sociales (UBA), Parlamento de Uruguay, Palabras del Derecho, Búsqueda, Subrayado, Cara y Caretas, Grupo R Multimedio.