El gobierno logró su Rendición de Cuentas, pero sin los cambios institucionales que buscaba

Diputados aprobó el proyecto con la unificación de transferencias a la niñez como bandera, mientras la oposición frenó reformas tributarias e institucionales que consideraba insuficientemente discutidas.

La Cámara de Diputados aprobó la Rendición de Cuentas 2026, que le da al Poder Ejecutivo recursos y herramientas para sus políticas prioritarias, con la unificación de las transferencias a la infancia como principal bandera. Sin embargo, la oposición logró bloquear una serie de cambios institucionales, tributarios y regulatorios que consideraba insuficientemente discutidos en el debate parlamentario.

El trámite dejó a la vista una nueva dinámica de funcionamiento de la Cámara: el Frente Amplio, partido de gobierno, debe construir mayorías propias para cada votación, y Cabildo Abierto aparece como un aliado que puede resultar decisivo en determinadas instancias, sin que eso implique un respaldo permanente al oficialismo.

En paralelo, se conoció una denuncia con nombre y apellido: el fiscal de Flagrancia Diego Pérez acusó al subsecretario de Presidencia y ex fiscal de Corte, Jorge Díaz, de incurrir en una «más que evidente indebida injerencia» sobre el Ministerio Público. La controversia se originó cuando se confirmó que Pérez no asumiría la titularidad de la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de 1er Turno —cargo que sigue vacante—, decisión que Díaz calificó públicamente de «razonable» y beneficiosa para el funcionamiento de la Justicia. Pérez cuestionó esas declaraciones y sostuvo que podrían constituir «una demostración de poder», advirtiendo que no solo se dirigían a él sino que buscarían condicionar a quien finalmente sea designado en el cargo. El Partido Nacional respaldó el reclamo con una declaración pública exigiendo al presidente Yamandú Orsi «cesar de inmediato» cualquier forma de presión del Ejecutivo sobre la Fiscalía.

En el plano económico, el gobierno proyecta un crecimiento del PBI de 1,6% para 2026 —un ajuste a la baja respecto del 2,2% originalmente calculado, atribuido en parte al impacto del conflicto en Medio Oriente sobre los términos de intercambio—. El desempleo bajó a 7,5% en abril, con más de 26.000 empleos creados y cerca de 20.000 mujeres incorporadas al mercado laboral. El salario mínimo nacional quedó en 24.572 pesos mensuales desde enero, con un nuevo ajuste a 25.383 pesos desde julio. Según el Índice Medio de Salarios del INE, el poder adquisitivo de los trabajadores uruguayos alcanzó en enero su nivel más alto desde 1975.

La Rendición de Cuentas es el instrumento presupuestal de ajuste anual del gobierno uruguayo, y su tramitación es siempre un termómetro de las relaciones de fuerza parlamentarias, sobre todo en un sistema donde el oficialismo no cuenta con mayorías automáticas en ambas cámaras.

Análisis: Que el salario real esté en su nivel más alto en cincuenta años es una noticia auspiciosa, pero conviene no perder de vista que ese «máximo histórico» convive con medio siglo de rezago acumulado: el punto de comparación habla tanto de un logro reciente como de una larga postergación estructural del ingreso de los trabajadores uruguayos. La denuncia sobre el Ministerio Público, por su parte, exige vigilancia: la independencia de la Fiscalía frente al poder político no es un detalle técnico, es una garantía democrática.

El desenlace de la denuncia contra Jorge Díaz, la designación del nuevo fiscal de Crimen Organizado y la evolución de la negociación parlamentaria de cara a los próximos proyectos de ley que necesiten mayorías especiales serán los puntos a seguir.

Fuentes consultadas: Búsqueda, Uruguay al Día, LARED21, En Perspectiva (Radiomundo), la diaria, Uruguaypaís.