Colombia: el monumento que la ultraderecha quiere derribar

El Monumento a la Resistencia de Cali, levantado durante el Paro Nacional de 2021, se convirtió en uno de los primeros símbolos de disputa del nuevo ciclo político colombiano. El presidente electo Abelardo de la Espriella prometió demolerlo al asumir el poder. Para artistas, madres comunitarias, víctimas y vecinos de Puerto Resistencia, defenderlo es también defender la memoria popular de una protesta social que marcó al país.

El Monumento a la Resistencia, ubicado en el sector conocido durante décadas como Puerto Rellena y rebautizado como Puerto Resistencia durante las movilizaciones, volvió al centro de la política colombiana en julio de 2026. El presidente electo Abelardo de la Espriella, figura de ultraderecha que ganó la segunda vuelta por menos de un punto porcentual, prometió derribarlo el 7 de agosto, día de su posesión. Lo llamó una “oda al terrorismo” y un símbolo de la Primera Línea, a la que sectores conservadores asocian con vandalismo y criminalidad.

Del otro lado, constructores, artistas, madres comunitarias, exintegrantes de la Primera Línea, líderes barriales y defensores del patrimonio sostienen que la obra recuerda a las víctimas del estallido social de 2021 y a una comunidad que, en medio de la violencia, organizó ollas populares, redes de cuidado, huertas, murales y formas de protección colectiva. “Lo vamos a defender 24/7”, dijo Nancy Espinosa, artista caleña y una de las mujeres que sostuvieron las ollas comunitarias durante el paro, en un recorrido reconstruido por El País Colombia El País Colombia.

La frase no suena a consigna vacía. Suena a advertencia y a duelo. “La mano es nuestra; tiene muertos encima, padres y madres sin hijos”, dijo Espinosa. Allí está el centro del conflicto: para unos, el monumento representa desorden; para otros, contiene nombres, heridas y memoria.

Una obra nacida de la protesta

El Monumento a la Resistencia no nació de un concurso estatal ni de una orden municipal. Fue levantado durante el Paro Nacional de 2021, en una de las ciudades donde la protesta social tuvo mayor intensidad y también mayor violencia. Cali fue epicentro de bloqueos, enfrentamientos, represión, organización popular y disputas profundas sobre desigualdad, racismo, juventud, abandono estatal y seguridad.

El estallido comenzó el 28 de abril de 2021 contra una reforma tributaria del gobierno de Iván Duque, pero rápidamente desbordó esa causa inicial. Se convirtió en una protesta contra la desigualdad, el desempleo juvenil, la violencia policial, el hambre y el agotamiento de sectores populares que sentían que la democracia institucional no los escuchaba.

Puerto Resistencia fue uno de los puntos más emblemáticos. Allí se reunieron jóvenes de barrios populares, artistas, madres comunitarias, vecinos, vendedores, estudiantes y personas que no siempre tenían trayectoria política previa. Para la socióloga Lizeth Daniela Trejos, citada por El País, el monumento abrió una discusión sobre memoria histórica: “¿Quién dice qué se recuerda? ¿Y cómo y para qué?” El País Colombia.

Esa pregunta excede a Cali. Toda América Latina conoce disputas similares. Una estatua colonial derribada, un mural borrado, una placa arrancada, una calle rebautizada, un sitio de memoria cuestionado. Los símbolos parecen inmóviles, pero concentran conflictos vivos. Nadie se pelea tanto por una escultura si la escultura no dice algo sobre el presente.

La ultraderecha y la política del borrón

Abelardo de la Espriella ganó la presidencia colombiana en una elección estrechísima. Según la Cadena SER, obtuvo 49,66% de los votos y aventajó al candidato de izquierda Iván Cepeda por 250.830 sufragios, una diferencia de 0,96 puntos porcentuales, con participación histórica Cadena SER. El país quedó dividido en dos mitades casi exactas, con acusaciones cruzadas y un clima político cargado.

En ese escenario, el Monumento a la Resistencia aparece como el primer campo simbólico de la batalla cultural prometida por la ultraderecha. Cambio Colombia lo definió precisamente así: “el primer símbolo de la batalla cultural” del nuevo gobierno. El movimiento Defensores por la Patria, plataforma política del presidente electo, impulsa la idea de derribar lo que considera una “oda al terrorismo”, mientras artistas, víctimas y defensores del patrimonio advierten que una decisión de ese tipo abriría una nueva herida Cambio Colombia.

La política del borrón tiene una lógica conocida. No busca solamente retirar un objeto del espacio público. Busca imponer una interpretación. Si el monumento cae, no se borra el Paro Nacional, pero se envía un mensaje: esa memoria no merece reconocimiento, esa protesta no tiene legitimidad, esas muertes no deben ocupar el centro de la ciudad.

La ultraderecha suele disputar el lenguaje antes que las políticas. Llama terrorismo a la protesta, orden a la represión, vandalismo a la memoria popular, recuperación del espacio público al borramiento de símbolos incómodos. Esa operación no es solo discursiva. Prepara condiciones para actuar sobre cuerpos, barrios y organizaciones.

Protesta social y criminalización

El Paro Nacional de 2021 fue complejo, contradictorio y doloroso. Hubo bloqueos que afectaron la movilidad y la economía. Hubo enfrentamientos. Hubo daños. Hubo miedo. También hubo una respuesta estatal cuestionada por organismos nacionales e internacionales, denuncias de violencia policial, muertos, heridos, desapariciones temporales y procesos judiciales.

Reducir todo ese proceso a vandalismo es una forma de mentira política. Idealizarlo sin contradicciones tampoco ayuda. La tarea periodística consiste en mirar el conflicto entero: las causas sociales, las expresiones de rabia, la represión, los abusos, las comunidades organizadas y las heridas que todavía no cerraron.

La derecha colombiana convirtió a la Primera Línea en símbolo del enemigo interno. Esa figura, heterogénea y nacida en medio de la protesta, fue leída por sectores populares como forma de protección frente a la represión y por sectores conservadores como organización violenta. Pero incluso esa disputa exige matices. No todo joven encapuchado fue delincuente. No toda protesta fue pacífica. No toda respuesta estatal fue legítima. Y no todo monumento nacido de una revuelta puede ser tratado como prueba penal.

El problema aparece cuando el poder político usa una lectura única para justificar el castigo. Si todo reclamo popular es terrorismo, entonces cualquier respuesta represiva parece aceptable. Si toda memoria de la protesta es apología del crimen, entonces el espacio público queda reservado para los relatos oficiales.

El derecho a recordar desde abajo

El Monumento a la Resistencia incomoda porque no fue producido por una elite. No nació en un ministerio ni en una academia. Fue construido desde abajo, con materiales, manos, recuerdos y urgencias de una comunidad. Eso lo vuelve vulnerable y poderoso al mismo tiempo.

Las memorias populares suelen ser menos prolijas que las memorias oficiales. No siempre tienen expedientes completos, permisos perfectos ni lenguaje institucional. A veces nacen en caliente, en medio del dolor. Pero justamente por eso guardan una verdad que las versiones oficiales tienden a suavizar: la historia también la hacen quienes no tienen oficina, partido, patrimonio ni micrófono.

En Cali, colectivos sociales pidieron a la Alcaldía avanzar en la protección del monumento mediante un contrato de cesión considerado clave para continuar el proceso de declaratoria como Bien de Interés Cultural. Caracol Radio informó que los manifestantes exigen ese trámite como paso para incorporar la obra al espacio público de la ciudad y abrir camino a su protección patrimonial Caracol Radio.

El Ministerio de las Culturas confirmó, además, que el expediente técnico para declarar el Monumento a la Resistencia como Bien de Interés Cultural está terminado, aunque el proceso queda en manos de la Alcaldía de Cali como paso previo a la decisión del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural El País Colombia.

La disputa, entonces, no es solamente política. También es jurídica, patrimonial y urbana. ¿Puede un símbolo nacido de la protesta convertirse en bien cultural? ¿Puede el Estado proteger una memoria que incomoda a una parte del poder? ¿Puede una ciudad reconocer como patrimonio algo que no nació de sus instituciones, sino de sus barrios?

Una transición enrarecida

El clima colombiano agrega tensión. Gustavo Petro, presidente saliente, no reconoció la victoria de De la Espriella y anunció que no asistirá a su posesión ni le dará la mano, aunque aseguró que dejará el poder en la fecha prevista. El País informó que Petro insiste en denunciar fraude sin haber presentado pruebas suficientes, mientras la transición se deteriora entre acusaciones cruzadas El País Colombia.

Ese contexto importa porque el monumento queda atrapado en una polarización nacional. Para unos, defenderlo puede significar resistir a la ultraderecha. Para otros, derribarlo puede significar inaugurar un nuevo orden. El riesgo es que una obra levantada para recordar víctimas termine convertida en chispa de nuevos enfrentamientos.

La democracia no se cuida solo aceptando resultados electorales. También se cuida evitando que una victoria estrecha se transforme en autorización para humillar a la mitad derrotada. Gobernar no es arrasar símbolos del adversario. Menos aún cuando esos símbolos están vinculados a muertos, duelos y demandas sociales todavía abiertas.

Lo que se juega en una mano levantada

El Monumento a la Resistencia no resuelve los problemas de Cali. No devuelve vidas. No sustituye justicia. No repara desigualdades. Pero su posible demolición tampoco resolvería la seguridad, el empleo ni la convivencia. Su derribo tendría otro efecto: marcaría quién tiene poder para decidir qué memorias pueden permanecer.

Una democracia madura debería poder convivir con símbolos incómodos. Incluso discutirlos, contextualizarlos, señalizarlos, debatirlos. La destrucción es el lenguaje más pobre de la política cuando se trata de memoria.

Cali necesita verdad sobre lo ocurrido en 2021. Necesita justicia para las víctimas. Necesita reconocer daños a comerciantes, vecinos, manifestantes y policías. Necesita políticas para juventudes populares, empleo, educación, cultura, seguridad democrática y reparación. Pero nada de eso exige borrar una mano levantada.

A veces los pueblos dejan marcas en el espacio público porque temen que, sin esas marcas, el poder vuelva a decir que nada ocurrió. El monumento de Puerto Resistencia dice que algo ocurrió. Que hubo rabia, hambre, miedo, organización, represión, muertos, ollas populares, arte, duelo y comunidad. Puede gustar o no. Puede discutirse. Pero no puede ser tratado como simple basura urbana.

La pregunta de fondo no es si una escultura debe quedar para siempre. La pregunta es quién decide qué se recuerda: un presidente que llega prometiendo demoler, una ciudad atravesada por heridas o las comunidades que levantaron con sus manos una memoria cuando nadie les ofrecía otra forma de ser escuchadas.