Uruguay: cuando los datos muestran que la igualdad todavía no alcanza

Uruguay presentó en 2026 nuevos indicadores de género vinculados a pobreza, cuidados, trabajo, violencia y autonomía económica. Los datos muestran avances en salud, educación y cobertura de cuidados, pero también una desigualdad persistente: las mujeres siguen siendo más pobres, cargan con más tareas no remuneradas y enfrentan niveles graves de violencia de género.

Los datos tienen una forma fría. Se presentan en tablas, porcentajes, informes, conferencias de prensa y documentos técnicos. Parecen hablar un idioma distante de la vida diaria. Pero a veces, detrás de un número, aparece una escena completa: una mujer que trabaja menos horas pagas porque cuida a un niño; una joven que sufre violencia psicológica y no encuentra respuesta; una madre que administra comida escasa; una trabajadora que llega cansada a su casa para empezar otra jornada que nadie remunera.

Uruguay volvió a mirarse en ese espejo en julio de 2026, con la presentación de los indicadores de género elaborados por el Instituto Nacional de Estadística, Inmujeres, ONU Mujeres y la CEPAL. El informe reúne información sobre pobreza, salud, educación, trabajo, cuidados, participación política y violencia, y fue presentado como insumo para el seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible con perspectiva de género Instituto Nacional de Estadística.

La primera conclusión es incómoda precisamente porque Uruguay suele ubicarse, en la comparación regional, en lugares relativamente favorables. El país tiene institucionalidad, leyes, políticas públicas, sistema de cuidados, educación extendida y un movimiento feminista con presencia social. Sin embargo, las brechas persisten. No como restos menores de un pasado que se va apagando, sino como estructuras que organizan la vida cotidiana.

La directora de Inmujeres, Mónica Xavier, lo planteó con claridad durante la presentación: las políticas públicas necesitan evidencias veraces, y los datos muestran avances, pero no suficientes ni homogéneos. Presidencia destacó mejoras en embarazo adolescente, gestación no deseada, educación y cobertura de cuidados, especialmente en primera infancia, pero también reconoció persistencias en empleo, violencia de género, cuidados y autonomía económica Presidencia de Uruguay.

La pobreza también tiene género

Uruguay puede tener bajos niveles relativos de pobreza en comparación con América Latina y, al mismo tiempo, presentar una feminización marcada de esa pobreza. El informe difundido en 2026 indica que, por cada 100 hombres en situación de pobreza, hay unas 154 mujeres. La brecha se acentúa entre los 25 y 49 años, etapa en la que las tareas de crianza y cuidados recaen con mayor fuerza sobre las mujeres El País Uruguay.

Ese dato merece ser leído despacio. No dice solamente que hay más mujeres pobres. Dice que la pobreza no se distribuye de manera neutral. Se engancha con la maternidad, con el cuidado de niños pequeños, con la falta de corresponsabilidad en los hogares, con empleos más precarios, con trayectorias laborales interrumpidas y con ingresos insuficientes.

La pobreza femenina no siempre se ve como falta absoluta. A veces aparece como renuncia cotidiana. Renunciar a estudiar porque no hay con quién dejar a los hijos. Renunciar a un empleo porque el horario no se ajusta a la escuela. Renunciar a una consulta médica porque primero hay que resolver la comida. Renunciar al descanso porque el trabajo pago termina y empieza el trabajo doméstico.

También aparece en la inseguridad alimentaria. El estudio señala que esta aumentó principalmente entre las mujeres: pasó de 14,8% en promedio entre 2017 y 2019 a 18,7% entre 2021 y 2023, y se vuelve más frecuente en hogares con menores de seis años Prensa Latina. Esa cifra toca un punto sensible: cuando falta comida, muchas veces las mujeres administran la escasez. No porque sean naturalmente cuidadoras, sino porque la organización social les asignó esa responsabilidad.

El cuidado como trabajo invisible

El cuidado es una de las palabras centrales de este tiempo. Durante años fue tratado como asunto familiar, gesto de amor o tarea privada. Hoy sabemos que es una pieza básica de la economía y de la vida social. Sin cuidado no hay infancia protegida, personas mayores acompañadas, enfermos atendidos ni hogares funcionando. Sin cuidado tampoco hay mercado laboral posible.

Pero el cuidado sigue distribuido de manera desigual. Las mujeres dedican más tiempo al trabajo no remunerado y eso condiciona su autonomía económica. No se trata solo de cansancio. Se trata de menos ingresos, menos ascensos, menos tiempo propio, menor protección previsional y mayor dependencia.

La CEPAL y la OIT publicaron en junio de 2026 un estudio sobre escenarios de ampliación de las políticas de cuidado en Uruguay. El documento analiza inversiones en servicios de cuidado y modificaciones al régimen de licencias, y plantea sus impactos económicos, sociales y de género hacia 2030 CEPAL.

El punto es importante: invertir en cuidados no es gasto accesorio. Es política económica, laboral, social y democrática. Un sistema de cuidados robusto permite liberar tiempo, generar empleo, mejorar la participación laboral femenina, proteger infancias y distribuir de manera más justa una tarea que hoy recae de forma desproporcionada en los hogares y, dentro de ellos, en las mujeres.

Uruguay avanzó con el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, pero los datos muestran que todavía no alcanza. La cobertura en primera infancia mejora, pero persisten vacíos. Las licencias parentales y los servicios no siempre responden a la diversidad real de familias, empleos y territorios. La corresponsabilidad sigue siendo más discurso que práctica cotidiana.

Violencia: el dato que no puede normalizarse

La violencia de género aparece como una de las dimensiones más graves del informe. El 19,5% de las mujeres mayores de 15 años afirmó haber sufrido algún tipo de violencia por parte de parejas o exparejas en los últimos doce meses. La violencia predominante es la psicológica, especialmente entre las más jóvenes: 27,2% de las mujeres de 15 a 18 años y 25,6% de las de 19 a 29 años declararon haberla padecido El País Uruguay.

La violencia psicológica suele ser minimizada porque no siempre deja marcas visibles. Pero organiza miedo, aislamiento, culpa, dependencia y pérdida de autonomía. Controlar el celular, vigilar amistades, humillar, amenazar, manipular, impedir decisiones, desvalorizar o hacer sentir a una mujer que no puede vivir sin el agresor son formas de violencia que preparan y sostienen otras violencias.

El informe también señala que los femicidios oscilaron entre 22 y 28 por año en el período estudiado, y que Uruguay ocupa el séptimo lugar entre 17 países de América Latina al comparar tasas de femicidio Prensa Latina. No es un dato para el ranking. Es una advertencia. Cada femicidio habla de una vida destruida, pero también de señales previas, redes insuficientes, respuestas tardías y fallas institucionales.

Uruguay tiene marcos jurídicos para enfrentar la violencia basada en género. El problema es que la ley no protege sola. Necesita presupuesto, refugios, equipos técnicos, juzgados sensibles, respuesta policial adecuada, seguimiento de medidas cautelares, atención psicológica, independencia económica y coordinación real entre instituciones.

Mónica Xavier afirmó que el Estado está presente, pero descoordinado en sus acciones. Esa frase resume una dificultad frecuente: no se trata solo de crear organismos, protocolos o campañas. Se trata de que una mujer que pide ayuda no tenga que contar diez veces su historia, no sea revictimizada, no espere meses una respuesta y no quede sola frente al agresor.

Datos para discutir poder

La publicación de indicadores de género tiene valor porque permite discutir con evidencia. Pero los datos no son neutros en sus efectos. Pueden servir para transformar políticas o para cumplir con una obligación formal. Pueden abrir conversación pública o quedar archivados en una página institucional.

La CEPAL y ONU Mujeres plantean que Uruguay impulsó esfuerzos hacia la igualdad, pero que persisten nudos estructurales interconectados que reproducen exclusión y afectan de manera desproporcionada a mujeres y niñas. El informe vincula la Agenda 2030 con la Agenda Regional de Género y revisa dimensiones como pobreza, hambre, salud, educación, igualdad, trabajo, desigualdades e instituciones CEPAL.

Esos nudos no se resuelven con una política aislada. La pobreza se cruza con cuidados. Los cuidados se cruzan con empleo. El empleo se cruza con violencia económica. La violencia se cruza con vivienda, salud mental, educación y justicia. La desigualdad de género no vive en un ministerio: atraviesa toda la organización social.

Por eso, la discusión no puede quedar reducida a reconocer avances. Uruguay avanzó, sí. Pero avanzar no significa llegar. La pregunta política es qué se hace ahora con lo que los datos muestran. Si las mujeres son más pobres, hay que discutir ingresos, empleo, cuidados y protección social. Si la violencia afecta a casi una de cada cinco mujeres en un año, hay que discutir presupuesto, respuesta institucional y cultura machista. Si los cuidados siguen recayendo sobre ellas, hay que discutir tiempo, corresponsabilidad y servicios públicos.

La igualdad como vida concreta

La igualdad de género no es una consigna abstracta. Se mide en cosas muy concretas: poder trabajar sin cargar sola con los cuidados, poder salir sin miedo, poder comer bien, poder decidir sobre el cuerpo, poder estudiar, poder descansar, poder separarse de una pareja violenta sin quedar en la intemperie, poder envejecer con ingresos dignos.

Los indicadores de 2026 muestran un país con herramientas, pero también con desigualdades persistentes. Esa combinación exige una mirada exigente. No alcanza con negar avances, porque existen. Pero tampoco alcanza con celebrarlos si las brechas siguen ordenando la vida de miles de mujeres.

Uruguay tiene una oportunidad: usar estos datos para profundizar políticas públicas y no para decorar informes. La igualdad no se alcanza solo cuando mejora un promedio. Se alcanza cuando cambia la vida cotidiana de quienes cargan con las peores consecuencias de la desigualdad.

Los números ya hablaron. Ahora falta que la política escuche.