El gobierno aclaró que todavía no hay contrato firmado con HIF Global para la planta de Paysandú, en medio de un cruce con el intendente local

La ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, dijo en el Parlamento que solo se avanza en un memorando de entendimiento entre organismos públicos, y que la decisión final de inversión de la multinacional recién llegaría en 2027. Horas después, un cruce público con el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, expuso las tensiones que atraviesa la negociación por la mayor inversión anunciada en la historia del país.

La ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, compareció el martes ante la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda de la Cámara de Representantes, en el marco de la discusión de la Rendición de Cuentas, y allí respondió a las consultas de la oposición sobre el estado del proyecto de HIF Global en Paysandú. «Acá no hay ningún contrato firmado con HIF todavía», afirmó la jerarca, quien explicó que lo que actualmente se negocia es un memorando de entendimiento entre los distintos organismos públicos involucrados —los ministerios de Industria, Ambiente, Economía y Transporte, además de las empresas estatales— para «sentar bases mínimas de trabajo». Cardona pidió, en sus palabras, «hablar en sus justos términos para no desinformar», en momentos en que circulaban versiones de que el acuerdo estaba prácticamente cerrado.

Según explicó la ministra, una vez cerrado ese memorando la empresa de capitales chilenos deberá salir a buscar financiamiento internacional, y solo entonces, «el año que viene», tomará su decisión final de inversión. Cardona defendió el ritmo de la negociación: recordó que el proyecto fue anunciado en 2022, durante el gobierno de Luis Lacalle Pou, y que recién en el último año se logró avanzar con la empresa hasta la firma de un memorando de entendimiento, en diciembre pasado. «Estamos absolutamente a tiempo», sostuvo, y agregó que el gobierno le exige a HIF «un derrame para el Uruguay» que vaya más allá de la exportación y la ganancia empresarial.

Un cruce con el intendente de Paysandú

Las palabras de Cardona no cerraron la discusión. En las últimas horas, el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, del Partido Nacional, cuestionó públicamente a la ministra por lo que calificó como «parsimonia y una tranquilidad pasmosa» frente a un proyecto que, según reclamó, no muestra avances concretos para su departamento. Cardona respondió de inmediato y acusó al jefe comunal de tener «memoria selectiva»: recordó que la iniciativa de HIF se anunció en 2022, cuando Olivera ya estaba al frente de la intendencia, y que «en ese momento no lo vi preocupado por los plazos». La ministra remarcó además que en el proyecto intervienen, además de su cartera, los ministerios de Ambiente, Economía y Finanzas, y Transporte y Obras Públicas, junto con las empresas públicas involucradas, y pidió no interpretar las críticas en clave personal.

El cruce se suma a otro cuestionamiento, este proveniente de la oposición parlamentaria: el diputado colorado Walter Verri señaló que existen «mensajes contradictorios» dentro del propio Poder Ejecutivo sobre la fecha en que se firmaría el acuerdo, en referencia a versiones que ubicaban una eventual firma para agosto. «Son diferentes puntos de vista o diferencias en la interna del gobierno que nos preocupan, porque queremos la inversión para el país, para Paysandú», afirmó Verri.

Qué es el proyecto y cuánto dinero involucra

HIF Global es una empresa de capitales chilenos, con participación de la automotriz Porsche y de fondos de inversión estadounidenses y japoneses, especializada en la producción de combustibles sintéticos o «e-combustibles». El proyecto en Paysandú prevé construir una planta de hidrógeno verde por electrólisis, una planta de captura de dióxido de carbono a partir de fuentes industriales y de biomasa, y plantas que transforman ese hidrógeno y ese CO₂ en e-metanol y luego en e-gasolina, e-diésel y gas licuado sintético, además de parques propios de energía eólica y solar y nuevas líneas de conexión con la red de UTE. En su fase final, prevista a partir de 2029, la planta produciría unas 880.000 toneladas anuales de estos combustibles, que se transportarían por tren hasta el puerto de Montevideo para su exportación, principalmente a Europa y Asia.

La inversión total estimada asciende a 5.385 millones de dólares, la mayor jamás anunciada en Uruguay. El memorando de entendimiento firmado en diciembre pasado por el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y representantes de HIF, prevé la generación de 1.400 empleos durante la construcción y 300 puestos permanentes una vez terminada la obra, además de un comité de alto nivel para el seguimiento del proyecto. Las exportaciones proyectadas rondarían los 253 millones de dólares anuales con el primer módulo en funcionamiento, y podrían llegar a 1.012 millones de dólares anuales con los cuatro módulos operativos.

Un proyecto con historia y con objeciones ambientales

La iniciativa no nació con este gobierno. En diciembre de 2022, Alcoholes del Uruguay S.A. (ALUR), subsidiaria de Ancap, había realizado un llamado a interesados en desarrollar proyectos de hidrógeno verde y captura de CO₂ a partir del etanol producido en su planta de Paysandú. En junio de 2023 se seleccionó la propuesta de HIF, entonces mucho más acotada que la actual. En febrero de 2024, ya bajo el gobierno de Lacalle Pou, la empresa y el Estado uruguayo firmaron un primer memorando de entendimiento que incluía una cláusula de confidencialidad y que se mantuvo en secreto. Ese mismo mes, HIF había iniciado ante el Ministerio de Ambiente el trámite para obtener la Viabilidad Ambiental de Localización en terrenos junto al río Uruguay, frente a la Isla Grande del Queguay, un emplazamiento que motivó el rechazo de organizaciones ambientalistas —que denunciaron una tala de monte nativo en la zona— y de sectores de la costa argentina de Colón, en Entre Ríos, preocupados por el impacto visual y turístico de las chimeneas de la planta sobre el río.

Con el cambio de gobierno, HIF y la administración de Yamandú Orsi firmaron en diciembre de 2025 un nuevo memorando, esta vez sin cláusulas de confidencialidad, que reafirmó el proyecto con la escala actual de 880.000 toneladas anuales. Según trascendió en las negociaciones más recientes, una de las líneas de trabajo apunta a relocalizar la planta en un predio de Ancap en la zona de Nuevo Paysandú, lo que reduciría la controversia binacional original vinculada al emplazamiento frente a Colón, aunque este punto todavía forma parte de las tratativas en curso y no está confirmado en los términos definitivos que difundió el gobierno.

Consecuencias e intereses en juego

Para el departamento de Paysandú, con una economía históricamente dependiente de la agroindustria y con altos niveles de desempleo estructural, el proyecto representa la posibilidad de una inversión de una escala sin precedentes en la historia reciente del país. Ese es el argumento que ha esgrimido tanto el gobierno nacional como la intendencia local, más allá de las diferencias partidarias entre Cardona (Frente Amplio) y Olivera (Partido Nacional), lo que explica por qué la presión por acelerar los plazos no proviene únicamente de la oposición parlamentaria, sino también de un intendente que necesita mostrar resultados concretos en su departamento.

Al mismo tiempo, la magnitud de la inversión contrasta con el empleo permanente proyectado: 300 puestos de trabajo estables por una obra de 5.385 millones de dólares, una relación que en otros procesos similares de instalación de plantas de hidrógeno verde en la región —Chile y Argentina también han impulsado proyectos de esta naturaleza— ha sido señalada por organizaciones sindicales y ambientales como un indicador de que buena parte del valor generado se concentra en la etapa de exportación y no en la creación de empleo local. A esto se suma el uso intensivo de energía renovable que demandará la planta, en un país que compite por esos mismos recursos para otros usos productivos y para el consumo doméstico, y las dudas ya planteadas sobre el impacto ambiental del emplazamiento original sobre el ecosistema del río Uruguay.

La mirada de Utopía al Sur

El intercambio de esta semana en el Parlamento tiene un valor que excede la discusión puntual sobre si existe o no un contrato firmado. Lo que queda expuesto es que, más allá del cambio de gobierno, buena parte de las condiciones centrales del proyecto —el precio de la energía que pagará la empresa, la escala de los beneficios fiscales, el reparto real de los costos ambientales entre Uruguay y la costa argentina, el tipo de empleo que efectivamente se generará— siguen sin conocerse en detalle por la ciudadanía, y se negocian puertas adentro entre el Poder Ejecutivo, las empresas públicas y una multinacional respaldada por capitales automotrices y financieros internacionales. Que el primer memorando, firmado en 2024, haya tenido una cláusula de confidencialidad, y que el actual gobierno haya optado por uno público, es un paso hacia una mayor transparencia, pero no resuelve la pregunta de fondo: bajo qué condiciones un país como Uruguay negocia con una multinacional el uso de su territorio, su energía renovable y su costa sobre un río compartido con otro país. La discusión sobre el hidrógeno verde y los e-combustibles se presenta habitualmente como una oportunidad ineludible de la transición energética, pero la experiencia de otros proyectos similares en la región muestra que esa transición también puede reproducir lógicas extractivas si no está acompañada de control público efectivo, participación de las comunidades afectadas y garantías ambientales verificables antes de que se firme cualquier compromiso vinculante.

Aspectos que seguirá Utopía al Sur

Quedan pendientes de definición varios puntos centrales: si el memorando entre organismos públicos se cierra en las próximas semanas, tal como sugirieron algunas versiones desde Torre Ejecutiva; el resultado del trámite de viabilidad ambiental ante el Ministerio de Ambiente y si se confirma la relocalización de la planta en terrenos de Ancap; los términos del eventual acuerdo sobre el precio de la energía con UTE; y, más adelante, si HIF Global logra el financiamiento necesario para adoptar en 2027 la decisión final de inversión que, según el propio gobierno, todavía está lejos de ser un hecho consumado.

Fuentes consultadas

Declaraciones de la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, ante la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda de la Cámara de Representantes; declaraciones públicas del intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, y del diputado Walter Verri; comunicados del Poder Ejecutivo sobre la firma del memorando de entendimiento con HIF Global (diciembre de 2025); coberturas periodísticas de Radiomundo/En Perspectiva, Subrayado, Ámbito, VTV Noticias, Diario La Prensa (Salto) y análisis publicados por Análisis Digital y ComexLatam sobre el historial del proyecto desde 2022, consultados para reconstruir la cronología de los hechos.