Myanmar: una negociación incierta después de cinco años de guerra civil

La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático retomó el contacto con las autoridades respaldadas por los militares y con varias organizaciones armadas. Aunque las partes admiten que la guerra no tendrá una salida exclusivamente militar, todavía no existe una mesa común, continúan los ataques contra la población y actores decisivos quedaron inicialmente fuera de las conversaciones.

La posibilidad de una negociación comenzó a abrirse en Bangkok, pero todavía está lejos de constituir un proceso de paz. Durante los últimos días, la enviada especial para Myanmar de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático mantuvo reuniones separadas con representantes del gobierno respaldado por los militares y con seis organizaciones armadas de oposición. Tailandia ofreció su territorio para facilitar futuros encuentros y aseguró que las partes consultadas reconocieron que no existe una solución exclusivamente militar para el conflicto.

La declaración tiene importancia después de más de cinco años de guerra, pero debe ser observada con cautela. Los grupos opositores todavía no acordaron una posición común; el Gobierno de Unidad Nacional, formado por dirigentes y legisladores desplazados tras el golpe de 2021, no fue invitado a una de las reuniones principales; y no se establecieron un alto el fuego, una agenda ni mecanismos para proteger a la población civil.

La propia diplomacia tailandesa reconoció que por ahora se está discutiendo cómo organizar futuras conversaciones: quiénes participarían, dónde se realizarían y bajo qué condiciones. La distancia entre esos intercambios preliminares y una negociación efectiva continúa siendo considerable.

Qué es la ASEAN

La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, conocida por su sigla en inglés ASEAN, es el principal organismo regional de esa zona de Asia. Fue fundada en 1967 para promover la cooperación política, económica y de seguridad y actualmente está integrada por once países, después de la incorporación de Timor-Leste en 2025. Myanmar pertenece a la organización desde 1997.

La ASEAN no funciona como un gobierno supranacional. Sus decisiones dependen del acuerdo entre los Estados miembros y tradicionalmente ha evitado intervenir de manera directa en los asuntos internos de cada país. Esa característica, presentada como una defensa de la soberanía, también ha limitado su capacidad para actuar frente a golpes de Estado, violaciones de derechos humanos y conflictos protagonizados por alguno de sus integrantes.

Después del golpe de 2021, la organización aprobó un plan conocido como Consenso de Cinco Puntos. La propuesta reclamaba el fin de la violencia, un diálogo entre todas las partes, la mediación de un enviado especial, el ingreso de asistencia humanitaria y una visita del mediador a Myanmar. El poder militar no cumplió esos compromisos y sus principales representantes fueron apartados de las reuniones políticas de alto nivel de la ASEAN.

El reciente acercamiento modifica parcialmente ese aislamiento. El 12 de julio, los cancilleres de los países miembros mantuvieron en Bangkok la primera reunión presencial con un representante de Myanmar desde el golpe. Al día siguiente, la enviada especial Maria Theresa Lazaro, canciller de Filipinas, se reunió por separado con organizaciones armadas y con un comité negociador constituido por los militares.

Del golpe militar a una guerra extendida

El 1.º de febrero de 2021, las Fuerzas Armadas derrocaron al gobierno elegido, detuvieron a Aung San Suu Kyi y a otros dirigentes civiles y desconocieron los resultados de las elecciones realizadas meses antes.

Las manifestaciones pacíficas fueron respondidas con detenciones, disparos y persecución. Huelgas, campañas de desobediencia civil y movilizaciones intentaron paralizar el funcionamiento del nuevo poder. Con el aumento de la represión, una parte de la resistencia comenzó a organizar fuerzas armadas.

La guerra no enfrenta únicamente a dos bandos claramente delimitados. Myanmar reúne numerosos pueblos y nacionalidades con historias, territorios y demandas políticas diferentes. Varias organizaciones étnicas combatían al Estado central desde muchas décadas antes del golpe, reclamando autonomía, control territorial y reconocimiento dentro de una federación.

Después de 2021 surgieron además las Fuerzas de Defensa del Pueblo, relacionadas con el movimiento democrático y, en distinto grado, con el Gobierno de Unidad Nacional. Las alianzas entre estos grupos no son permanentes ni responden a una única conducción.

Durante 2025 hubo enfrentamientos en los catorce estados y regiones del país. Human Rights Watch documentó ataques militares contra viviendas, escuelas, hospitales, monasterios, mercados y campamentos de personas desplazadas. También registró el uso creciente de aviones, drones y artefactos aéreos contra territorios controlados por la oposición. Algunos grupos armados no estatales han cometido igualmente abusos y utilizado minas antipersonales.

La ventaja aérea de las Fuerzas Armadas continúa siendo uno de los principales obstáculos para cualquier equilibrio militar. Incluso en zonas donde perdieron control terrestre, pueden bombardear comunidades, caminos y posiciones opositoras.

Elecciones bajo control militar

Entre diciembre de 2025 y enero de 2026, las autoridades organizaron elecciones en medio de la guerra, con dirigentes encarcelados, partidos excluidos y amplias zonas del país fuera del control estatal.

El proceso dio paso a una administración presentada como civil, pero encabezada por Min Aung Hlaing, antiguo jefe de la junta y principal figura del golpe. Las organizaciones de derechos humanos consideran que las elecciones buscaron proporcionar una nueva apariencia institucional al poder militar, sin restablecer las libertades políticas ni permitir una competencia democrática real.

La nueva administración anunció un plazo de cien días para iniciar conversaciones de paz. Sin embargo, varias organizaciones opositoras cuestionaron que esa propuesta sustituyera el Consenso de Cinco Puntos de la ASEAN por una agenda controlada por el propio gobierno militar.

El problema no está únicamente en quién convoca. También importa qué cuestiones pueden discutirse. Si las conversaciones se limitan a la entrega de armas y la incorporación subordinada de las fuerzas opositoras, difícilmente serán aceptadas como una negociación política.

Las demandas de buena parte de la resistencia incluyen el fin de la tutela militar sobre el Estado, la liberación de los presos políticos y la construcción de una federación democrática que reconozca los derechos de las nacionalidades étnicas.

Un diálogo que comenzó con una ausencia decisiva

El Gobierno de Unidad Nacional no fue invitado a las primeras reuniones de Bangkok. Su canciller, Zin Mar Aung, cuestionó si los encuentros tenían como objetivo aplicar el plan de la ASEAN o respaldar el proyecto de negociación anunciado por las autoridades militares.

La exclusión debilitó desde el comienzo la pretensión de construir un diálogo inclusivo. El Gobierno de Unidad Nacional reúne a antiguos legisladores, representantes políticos y sectores de la resistencia que reivindican el resultado electoral anulado por el golpe. Aunque no controla a todas las organizaciones armadas, sigue siendo uno de los actores centrales del conflicto.

El 16 de julio, la enviada especial de la ASEAN afirmó que continuará estableciendo contactos con todos los sectores, incluido el Gobierno de Unidad Nacional, y anunció que informará sobre sus gestiones durante la próxima reunión de cancilleres en Manila. El anuncio puede corregir parcialmente la primera exclusión, pero todavía no equivale a una invitación formal a una mesa compartida.

La cuestión de la representación será uno de los problemas más difíciles. No existe una sola oposición y tampoco sería suficiente reunir únicamente a las organizaciones con mayor capacidad militar. Una paz duradera debería incorporar a las comunidades desplazadas, las organizaciones civiles, las mujeres, los sindicatos, las minorías étnicas y religiosas y la población rohinyá, históricamente perseguida y privada de ciudadanía.

Millones de personas esperan algo más que declaraciones

La emergencia humanitaria no puede quedar subordinada al ritmo de la diplomacia. Más de 16 millones de personas necesitan asistencia y cerca de 3,8 millones permanecen desplazadas dentro de Myanmar. Muchas familias han tenido que abandonar sus hogares varias veces debido a los cambios en los frentes de combate. Solamente las hostilidades recientes en la región de Magway provocaron más de 100.000 nuevos desplazamientos.

La ayuda disponible cubre apenas una parte de las necesidades. El plan humanitario de Naciones Unidas solicitó 890 millones de dólares para asistir a 4,9 millones de personas durante 2026. A mediados de julio había recibido aproximadamente el 43 % de esa cantidad. Las restricciones de movimiento, las exigencias administrativas y la inseguridad también impiden llegar de manera sostenida a muchas zonas.

La crisis alimentaria añade otra urgencia. El Programa Mundial de Alimentos estima que 12,4 millones de personas enfrentan hambre aguda y alrededor de un millón se encuentra en niveles de emergencia. La organización dispone de recursos para asistir solamente a una fracción de esa población.

Estas cifras expresan mucho más que una escasez coyuntural. La guerra destruye cultivos, interrumpe mercados, encarece los alimentos y obliga a las familias a desplazarse sin recursos. El deterioro económico y la pérdida de servicios públicos aumentan el daño producido directamente por los combates.

Una negociación creíble debería traducirse desde el comienzo en corredores humanitarios, acceso independiente para las organizaciones de ayuda, protección de hospitales y escuelas y suspensión verificable de los ataques contra la población.

El riesgo de legitimar sin transformar

La reapertura de los contactos con Myanmar produjo dos interpretaciones. Para algunos gobiernos regionales, mantener aisladas a las autoridades militares durante cinco años no consiguió terminar la guerra y es necesario volver a hablar con quienes controlan el aparato estatal.

La objeción es que la ASEAN puede normalizar las relaciones antes de obtener cambios concretos. Analistas consultados por Reuters señalaron que el acercamiento podría otorgar legitimidad al nuevo gobierno sin asegurar la liberación de presos, la reducción de los ataques o una transición democrática.

El dilema no debe resolverse mediante una negativa automática al diálogo. Las guerras terminan, en general, mediante algún tipo de negociación. Pero sentarse a conversar no convierte por sí mismo a un proceso en justo ni democrático.

Las autoridades militares podrían utilizar las reuniones para ganar tiempo, debilitar el aislamiento internacional y dividir a las fuerzas opositoras. También podrían presentar como reconciliación una propuesta que mantenga intacta su capacidad para controlar las instituciones, los recursos y las armas.

Para evitarlo, la ASEAN debería vincular cualquier reconocimiento político con resultados verificables: reducción efectiva de la violencia, liberación de personas detenidas por razones políticas, acceso a Aung San Suu Kyi y otros presos, ingreso de ayuda humanitaria y participación de todos los actores relevantes.

La paz deberá discutir el poder

La apertura de Bangkok constituye una novedad, pero todavía no permite afirmar que Myanmar se encamina hacia la paz. Existen contactos, disposición declarada y un posible país facilitador. Faltan casi todos los demás elementos: una mesa común, una agenda, garantías, un alto el fuego y mecanismos de supervisión.

La negociación tampoco podrá limitarse a detener los combates. Deberá abordar la estructura de un Estado marcado durante décadas por el centralismo militar, la subordinación de las minorías y la impunidad.

La paz requerirá discutir quién gobierna, cómo se distribuyen los recursos, qué autonomía tendrán los territorios y qué lugar ocuparán las Fuerzas Armadas en el futuro. También tendrá que establecer responsabilidades por los ataques contra civiles y ofrecer reparación a las víctimas.

Cinco años después del golpe, ninguna fuerza parece capaz de controlar por sí sola todo el país. Ese reconocimiento puede abrir una oportunidad. Pero también puede producir un acuerdo entre élites que deje afuera a quienes han sostenido la resistencia y soportado la guerra.

Las conversaciones de Bangkok son una puerta entreabierta. Su valor dependerá de que conduzcan a un proceso inclusivo y no a la rehabilitación diplomática de un poder surgido de la fuerza.

Myanmar necesita terminar la guerra. Necesita, al mismo tiempo, evitar que la paz consagre aquello contra lo que millones de personas comenzaron a resistir en febrero de 2021.