Petro radicó su última ofensiva legislativa: seis proyectos laborales y la ley antifracking, antes de dejar el poder

El gobierno saliente presentó en el nuevo Congreso una batería de iniciativas para ampliar derechos laborales y, dos días después, la ministra de Ambiente volvió a radicar por sexta vez el proyecto que prohíbe el fracking. Las dos ofensivas buscan dejar trámite legislativo en marcha antes de que asuma, el 7 de agosto, un gobierno que ya anunció planes exactamente opuestos: contratación por horas y reactivación de la exploración no convencional de hidrocarburos.

El 20 de julio, día en que se instaló en Bogotá el nuevo Congreso de la República para el período 2026-2030, el gobierno de Gustavo Petro radicó seis proyectos de ley elaborados por el Ministerio del Trabajo, con el objetivo declarado de «seguir garantizando trabajo digno para el pueblo trabajador de Colombia», según lo anunció el ministro Antonio Sanguino. Dos días después, el 22 de julio, la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Lena Estrada, presentó ante la Secretaría de la Cámara de Representantes el proyecto de ley que busca prohibir en todo el territorio colombiano la exploración y explotación de hidrocarburos no convencionales mediante la técnica del fracturamiento hidráulico, conocida como fracking. Es la sexta vez que esta iniciativa llega al Congreso —tres bajo el gobierno anterior y tres bajo la administración Petro— y en las cinco ocasiones previas nunca llegó a votarse: en su intento más reciente, presentado con mensaje de urgencia, jamás se le asignaron ponentes y la iniciativa se hundió por falta de trámite.

Seis proyectos para no dejar nada sin intentar en materia laboral

El paquete radicado por el Ministerio del Trabajo incluye, según el propio anuncio de Sanguino, el Estatuto del Trabajo y Salario Vital, que busca darle rango de ley a un mecanismo de cálculo salarial que permita a los trabajadores y sus familias cubrir sus necesidades básicas de alimentación, vivienda, salud, educación y transporte; un proyecto sobre jornal y contrato agrario orientado a la formalización laboral en el sector rural; la ratificación de tres convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) —el Convenio sobre el Trabajo Marítimo, el Convenio 187 sobre seguridad y salud en el trabajo, y el Convenio 193, que fija estándares de trabajo digno para quienes se desempeñan en plataformas digitales—; además de iniciativas sobre las juntas de calificación de invalidez y la supervisión del subsidio familiar. Sanguino remarcó que, aunque el gobierno está a semanas de terminar su mandato, el Ministerio acompañará el trámite de cada proyecto junto con los congresistas de la Alianza por la Vida, la bancada afín al Pacto Histórico, y aclaró que ninguna de estas iniciativas entrará en vigor de forma automática: deberán ser discutidas y aprobadas por el nuevo Congreso, y luego sancionadas por el Ejecutivo que corresponda.

La radicación llegó apenas tres días después de que el Consejo de Estado ratificara la legalidad del decreto que fijó el salario mínimo de 2026 en dos millones de pesos —un incremento del 23 %—, revocando una suspensión previa que pesaba sobre esa norma. Sanguino calificó ese fallo como una «conquista de los trabajadores» y advirtió públicamente al próximo gobierno que no debería revertir esa medida.

La ley antifracking, en su sexto intento

El proyecto radicado por la ministra Estrada busca prohibir de manera definitiva la exploración y explotación de yacimientos no convencionales de hidrocarburos en todo el país, con el argumento de proteger el agua, la vida y los ecosistemas frente a lo que el gobierno describe como riesgos ambientales, sociales y de salud pública respaldados por evidencia científica. El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, quien impulsó la iniciativa junto con el Ministerio de Ambiente, había adelantado semanas antes que el proyecto se presentaría «junto con las y los congresistas del Pacto Histórico» y sostuvo que «durante años se intentó vender el fracking como la solución para el país; incluso hubo gobiernos que impulsaron esa apuesta y fracasaron». El presidente Gustavo Petro, en su última intervención ante el pleno del Congreso el 20 de julio, calificó cualquier intento de aplicar el fracking en Colombia como «un inmenso error económico nacional» y advirtió que su implementación terminaría por «aumentar la pobreza y destruir el empleo». En esta nueva radicación, el proyecto volvió a incluir un mensaje de urgencia, con la intención declarada de evitar que se repita el bloqueo legislativo que hundió su intento anterior por falta de ponentes.

Una carrera contra el reloj legislativo

Ambas ofensivas —la laboral y la ambiental— comparten una misma lógica de fondo: dejar avanzando, antes del recambio de gobierno, iniciativas que el oficialismo entrante ya adelantó que buscará revertir o dejar sin efecto. El presidente electo, Abelardo de la Espriella, que asumirá el cargo el 7 de agosto, ha planteado durante su campaña la reactivación del fracking como uno de los pilares de su política minero-energética, con el objetivo de elevar la producción de petróleo hasta cerca de 1,3 millones de barriles diarios. Su vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, sostiene que la técnica es viable «protegiendo el medio ambiente de forma simultánea», mientras que el futuro ministro de Ambiente, Fabio Arjona, afirmó que no existen «barreras tecnológicas insalvables» para ejecutarla, y la futura ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda, resumió la orientación del nuevo gobierno como un paso de «la ideología» a la «soberanía energética». Los gremios del sector de hidrocarburos, como Naturgás y Acolgen, respaldan esa agenda: su presidenta, Luz Stella Murgas, sostiene que Colombia necesita habilitar todas las fuentes de gas disponibles —incluidos los yacimientos que requieren fracking— para enfrentar un eventual déficit energético y recuperar la autosuficiencia, que a fines de 2025 se ubicaba en apenas 5,9 años de reservas certificadas.

En materia laboral, el propio Ministerio del Trabajo saliente ya había alertado públicamente sobre un plan del gobierno entrante para implementar la contratación por horas, una figura que las organizaciones sindicales consideran un retroceso frente a los avances de la reforma laboral aprobada en 2025. En ese contexto, radicar ahora seis proyectos adicionales y reforzar con un mensaje de urgencia el sexto intento de la ley antifracking no es solo una cuestión de agenda legislativa ordinaria: es un intento de fijar, en el papel, un piso de derechos y prohibiciones que le sea más difícil de desmontar al gobierno que asume en menos de dos semanas.

Consecuencias para la población

Si el Congreso —renovado tras las elecciones legislativas de este año y con una correlación de fuerzas todavía por definirse en la práctica— llega a tramitar y aprobar el paquete laboral, sus efectos alcanzarían a sectores históricamente desprotegidos: trabajadores rurales sin contrato formal, personas ocupadas en plataformas digitales de reparto y transporte, y beneficiarios del subsidio familiar. La ratificación de los convenios de la OIT tendría, además, un efecto simbólico e institucional: comprometería al Estado colombiano ante ese organismo internacional, más allá de los cambios de gobierno. En el caso del fracking, la disputa tiene un correlato territorial concreto: las comunidades de zonas con yacimientos no convencionales —en particular en el Magdalena Medio y en algunas cuencas del centro del país— quedarían, según cuál sea el desenlace legislativo, bajo un régimen de prohibición total o bajo un esquema de «pilotos regulados» que el gobierno entrante ya diseñó, con cláusulas de suspensión ante daños ambientales irreversibles y exigencia de licencia social, pero que organizaciones ambientales y comunidades afectadas cuestionan por considerar que el riesgo sobre las fuentes de agua no admite pilotos parciales.

La mirada de Utopía al Sur

Lo que está en juego en estas últimas semanas del gobierno Petro excede el contenido puntual de cada proyecto: es una muestra de hasta qué punto las conquistas de un ciclo progresista pueden depender, en última instancia, de si alcanzan a convertirse en ley antes de que cambie la correlación de fuerzas en el Ejecutivo. Que la ley antifracking lleve seis intentos sin ser siquiera debatida —muchas veces por la simple omisión de asignar ponentes— habla de un patrón que no es exclusivo de Colombia: cuando una iniciativa incomoda a intereses económicos concentrados, alcanza con la inacción parlamentaria para archivarla sin necesidad de un debate público que exponga los argumentos en contra. Frente a esto, el gobierno saliente eligió una estrategia de blindaje normativo de última hora, apostando a que la ratificación de convenios internacionales, el rango de ley para el salario vital o una nueva radicación con mensaje de urgencia puedan sobrevivir al recambio político. Es una apuesta legítima, pero también frágil: ningún blindaje legislativo sustituye la necesidad de una correlación de fuerzas sostenida en el tiempo, tanto en el Congreso como en la calle, para que los derechos laborales y las protecciones ambientales dejen de depender de qué gobierno esté de turno.

Aspectos que seguirá Utopía al Sur

Quedan por definirse varios puntos centrales: si el nuevo Congreso asigna ponentes a la ley antifracking antes de que asuma De la Espriella, o si vuelve a repetirse el patrón de hundimiento por inacción; qué suerte corren los seis proyectos laborales una vez que la correlación de fuerzas parlamentaria quede más clara; si el gobierno entrante avanza efectivamente con su plan de contratación por horas y con los «pilotos regulados» de fracking que anunció durante la campaña; y cómo reaccionan los gremios empresariales, que ya mantienen tensiones con el Ministerio del Trabajo por otros frentes, como la concertación del salario mínimo.

Fuentes consultadas

Comunicados y declaraciones públicas del Ministerio del Trabajo (Antonio Sanguino) y del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Lena Estrada); comunicado del Ministerio de Minas y Energía (Edwin Palma); declaraciones del presidente Gustavo Petro ante el Congreso de la República; declaraciones del vicepresidente electo José Manuel Restrepo, el ministro de Ambiente designado Fabio Arjona y la ministra de Minas y Energía designada María Nohemí Arboleda; comunicado de la Bancada del Pacto Histórico en el Congreso; declaraciones de la presidenta de Naturgás, Luz Stella Murgas; coberturas periodísticas de El Tiempo, El Espectador, Semana, Infobae, Portafolio, El Heraldo, Cambio, La FM, Valora Analitik, El País (Cali), Radio Nacional de Colombia (RTVC) y El Nuevo Siglo, consultadas para reconstruir la cronología de los hechos entre el 11 y el 22 de julio de 2026.