Del sueño sandinista al poder sin límites: Nicaragua, 47 años después

El 17 de julio de 1979, Anastasio Somoza Debayle huyó de Nicaragua. Dos días después, columnas guerrilleras entraban en una Managua libre. Cuarenta y siete años más tarde, el propio acto de conmemoración de aquella gesta sirvió a Daniel Ortega para anunciar que en el país no volverá a haber elecciones. Entre una fecha y otra queda la historia de una revolución que terminó devorando a buena parte de quienes la hicieron.

Hace 47 años, un 19 de julio como este, Dora María Téllez tenía 24 años y comandaba una columna guerrillera en las afueras de lo que hoy es Ciudad Sandino. Días antes había dirigido, cuadra por cuadra, la toma de la ciudad de León, obligando a huir al general de cinco estrellas que la custodiaba. Este 19 de julio, la agenda de Téllez tuvo un solo punto: la final del Mundial, vista desde el sofá de un apartamento en el exilio. Entre esas dos escenas —la comandanta de 24 años y la mujer desnacionalizada que hoy mira fútbol lejos de su país— cabe casi toda la historia que Nicaragua tiene para contarse a sí misma en este aniversario.

El día que cayó Somoza

El 17 de julio de 1979, Anastasio Somoza Debayle, último representante de una dinastía que gobernó Nicaragua durante más de cuatro décadas con el respaldo de Washington, abandonó el país rumbo al exilio. Dos días después, el 19 de julio, las columnas del Frente Sandinista de Liberación Nacional entraron en una Managua sin resistencia. La insurrección que derrocó a Somoza no fue obra de un solo hombre ni de una sola fuerza: combatientes de extracción campesina, estudiantil, religiosa y empresarial, agrupados bajo distintas tendencias del sandinismo, habían sostenido durante años una guerra de guerrillas que se completó, en sus tramos finales, con una insurrección popular en las principales ciudades del país.

La primera Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional reflejó esa pluralidad: la integraron Violeta Barrios de Chamorro, Alfonso Robelo, Moisés Hassan, Sergio Ramírez y Daniel Ortega. En sus primeros años, el gobierno revolucionario impulsó una masiva cruzada de alfabetización, una reforma agraria que redistribuyó tierra a miles de campesinos y programas de salud pública que redujeron la mortalidad infantil. Fue, también, un proceso hostigado desde el primer día por la guerra de baja intensidad que Washington financió a través de la Contra, y que dejó decenas de miles de muertos durante la década siguiente.

Nada de eso alcanza, sin embargo, para explicar lo que ese mismo movimiento terminó construyendo cuatro décadas más tarde.

La conmemoración que se volvió otra cosa

Este domingo, en el acto oficial por el 47 aniversario de aquel triunfo, Daniel Ortega no habló principalmente de Somoza ni de la insurrección. Habló del futuro que pretende cancelar. «Aquí no volverá a haber elecciones, para que por allí intenten ellos atrapar el gobierno, atrapar el poder», declaró ante una multitud convocada en Managua, acusando a la oposición —a la que llamó «vendepatrias» y «golpistas»— de conspirar con Washington y con el somocismo derrotado hace casi medio siglo. Anunció además que trabajará junto a una Asamblea Nacional subordinada al Ejecutivo para dictar leyes que impidan cualquier retorno de sus adversarios por la vía electoral.

La ironía es evidente y no requiere adjetivos: el aniversario de una insurrección que derrocó a una dinastía para devolverle el voto a un pueblo sirvió, 47 años después, para que su heredero político sepultara la posibilidad de que ese mismo pueblo vuelva a votar con libertad. Nicaragua debía celebrar elecciones generales en noviembre de este año; las sucesivas reformas constitucionales ya las postergaron, en los hechos, hasta 2027, si es que llegan a celebrarse.

El poder que se volvió familia

Esas reformas no son un detalle jurídico menor. La nueva arquitectura constitucional amplió el período presidencial de cinco a seis años, creó la figura de «copresidenta» para Rosario Murillo, esposa de Ortega, y dispuso que el Poder Ejecutivo «coordine» a los demás órganos del Estado, que dejaron de llamarse oficialmente «poderes». El propio Departamento de Estado de Estados Unidos señaló que Murillo se autoproclamó copresidenta sin elecciones, sin mandato y sin legitimidad, «porque sabe que no puede ganar» en un proceso libre.

Detrás de la pareja presidencial, además, se perfila una tercera generación: uno de los hijos del matrimonio, Laureano Ortega, cantante de ópera devenido asesor de inversiones, ocupa hoy un lugar clave en las relaciones de Nicaragua con China, Rusia e Irán, y es visto por buena parte del sandinismo histórico como el sucesor que la pareja prepara. Ese esquema dinástico es, en sí mismo, la negación más completa de lo que la revolución de 1979 decía combatir: el poder heredado como patrimonio familiar.

Los que quedaron afuera

Quizás la evidencia más elocuente de esa transformación no venga de la oposición liberal o conservadora, sino de los propios protagonistas de la gesta de 1979. Sergio Ramírez, vicepresidente de aquella primera Junta y luego premio Cervantes de literatura, vive exiliado y desnacionalizado. Dora María Téllez, historiadora, exministra de Salud del primer gobierno sandinista y comandante legendaria del asalto al Palacio Nacional en 1978, pasó más de un año presa en condiciones de aislamiento antes de ser desterrada y despojada de su ciudadanía. Junto a ella fue detenido en 2021 el general en retiro Hugo Torres, otro histórico de la lucha contra Somoza. Moisés Hassan, integrante de aquella primera Junta, y la excomandante Mónica Baltodano corrieron una suerte semejante. El sacerdote y poeta Ernesto Cardenal, ministro de Cultura de aquel primer gobierno, pasó sus últimos años enfrentado a la dirección de un partido que alguna vez integró. Incluso Bayardo Arce, el último de los nueve comandantes históricos que permaneció leal a Ortega durante más de cinco décadas, terminó finalmente apartado. La lista no distingue entre quienes rompieron temprano con el ortodoxismo orteguista y quienes lo acompañaron durante toda una vida: tarde o temprano, casi todos terminaron del lado de afuera.

No se trata de nostalgia biográfica. Se trata de una pregunta que el propio manual de este periódico exige hacerse frente a cualquier proceso que se reclame de izquierda: ¿qué queda de una revolución cuando termina devorando, uno por uno, a quienes empuñaron las armas para hacerla posible?

El costado que no distingue bandos

La respuesta no se agota en el ajuste de cuentas con el sandinismo disidente. Según cifras recientes de organismos de derechos humanos, el régimen mantiene privadas de libertad a 46 personas por razones políticas —43 hombres y 3 mujeres—, de las cuales 9 permanecen en situación de desaparición forzada y 13 son personas mayores. Al menos 452 nicaragüenses fueron despojados arbitrariamente de su nacionalidad desde 2023, en tres oleadas sucesivas de destierro que incluyeron a 222 expresos políticos enviados a Estados Unidos, a 94 ciudadanos más —entre ellos el obispo Rolando Álvarez— y a otros 135 desterrados a Guatemala en 2024. Más de 200 miembros de la Iglesia católica fueron forzados al exilio o se les negó el reingreso al país. El líder indígena miskitu Brooklyn Rivera murió bajo custodia estatal tras más de 970 días de desaparición forzada, un caso que recuerda que la represión alcanza también a los pueblos originarios que la revolución decía reivindicar.

El Grupo de Expertos en Derechos Humanos de Naciones Unidas para Nicaragua concluyó que existen motivos razonables para creer que las autoridades cometieron crímenes de lesa humanidad —asesinatos, encarcelamientos, torturas, violencia sexual, deportación forzada y persecución política— e instó a los Estados a demandar a Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia por violar las convenciones internacionales contra la apatridia.

Lo que sigue

Ninguno de estos datos borra la legitimidad de lo que ocurrió el 19 de julio de 1979: el derrocamiento de una dictadura sostenida por Washington durante más de cuarenta años fue, en su momento, una victoria popular genuina, celebrada como tal por buena parte de América Latina. Pero esa misma memoria es la que exige nombrar sin eufemismos lo que ese proceso terminó siendo: un poder personal y familiar que ya ni siquiera necesita simular elecciones, sostenido mediante la desaparición forzada, la desnacionalización masiva y la persecución de sus propios fundadores.

Dora María Téllez lo dijo alguna vez con una ironía que no necesita agregados: que Ortega, al perseguirla, le había hecho un favor, porque la devolvía al lugar de quien resiste. Cuarenta y siete años después de haber tomado León al frente de una columna guerrillera, esa misma mujer mira una final de fútbol desde un país que no es el suyo. Entre esas dos imágenes —no en los discursos de ningún acto oficial— está la verdadera historia de la revolución sandinista.

Fuentes consultadas

• Daniel Ortega: declaraciones durante el acto oficial por el 47 aniversario de la Revolución Sandinista, Managua, 19 de julio de 2026.
• Dora María Téllez y Sergio Ramírez: testimonios y trayectoria como protagonistas de la revolución de 1979 y posteriores figuras perseguidas por el gobierno de Ortega y Murillo.
• Departamento de Estado de Estados Unidos: declaraciones sobre la figura de «copresidenta» de Rosario Murillo.
• Grupo de Expertos en Derechos Humanos de Naciones Unidas para Nicaragua (GHREN): conclusiones sobre presuntos crímenes de lesa humanidad.
• Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas: informe de mayo de 2026 sobre presos políticos y desapariciones forzadas en Nicaragua.
• Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): cifras sobre personas privadas de libertad por motivos políticos.
• Human Rights Watch: Informe Mundial 2026, capítulo sobre Nicaragua.
• Reportes sobre las oleadas de desnacionalización de nicaragüenses entre 2023 y 2024.