Detenido desde diciembre de 2024, cuando se negó a abandonar a sus pacientes, el director del hospital Kamal Adwan lleva año y medio en prisión israelí sin cargos ni juicio. Su abogado lo describe irreconocible: golpeado, aislado, con dificultades para respirar. Naciones Unidas y Amnistía Internacional advierten que su vida corre peligro inminente. Esto no es un exceso aislado: es una política.
Hay una foto que la memoria de Gaza conserva de sus últimos días de libertad: un pediatra y neonatólogo de 51 años, agotado, dirigiendo desde febrero de 2024 un hospital que ya no tenía combustible ni insumos ni personal suficiente, y que sin embargo, bajo su gestión, había logrado ampliar su capacidad de 120 a 200 camas. Antes de la guerra, Abu Safiya también se desempeñaba como médico referente para Gaza de MedGlobal, una organización humanitaria con sede en Chicago, y había trabajado en el desarrollo de centros de estabilización nutricional en otras instituciones de la Franja. Hussam Abu Safiya no abandonó el Kamal Adwan cuando las bombas empezaron a caer sobre la sala de maternidad y la guardería. Se mudó allí, con su familia, a vivir permanentemente entre sus pacientes. Fue interrogado al menos cuatro veces por soldados israelíes antes del final. Cada vez repitió lo mismo: adentro solo había enfermos.
El 27 de diciembre de 2024, fuerzas israelíes tomaron el hospital, el último que todavía funcionaba en el norte de la Franja, obligaron a evacuar a pacientes y personal, y se llevaron detenido a su director. Desde entonces, Abu Safiya permanece preso sin cargos ni juicio, bajo la Ley de Combatientes Ilegales, una figura jurídica que habilita órdenes de detención renovables indefinidamente sobre la base de información clasificada, sin necesidad de presentar acusación alguna. En febrero de 2025 fue formalmente catalogado como «combatiente ilegal». Desde entonces pasó por Sde Teiman y por la prisión de Ofer. El 3 de junio de este año lo trasladaron a régimen de aislamiento. El 16 de junio, el Tribunal Supremo de Israel rechazó su último recurso y confirmó que seguirá detenido, como mínimo, hasta octubre.
Lo que encontró su abogado
Todo esto podría leerse, hasta aquí, como una historia más de arbitrariedad administrativa. Lo que ocurrió después no admite esa lectura.
El 2 de julio, el abogado Nasser Odeh, de la organización israelí Médicos por los Derechos Humanos, logró visitarlo en el centro de interrogatorios de Rakevet, una sección subterránea de la cárcel de Ayalon que había sido clausurada en 1985 por sus condiciones inhumanas y que volvió a habilitarse durante esta guerra. Odeh dijo que apenas pudo reconocer a su cliente: tenía hematomas recientes en la cara, alrededor de los ojos, en el cuello y las orejas, dificultad para respirar y episodios de pérdida de conocimiento. Llegó a la entrevista con las manos y los pies encadenados. Según relató Abu Safiya, más de cinco guardias lo habían golpeado con las manos, con bastones y con martillos, poco después de que su recurso llegara al Tribunal Supremo, sin que recibiera después ninguna atención médica. Una sola frase suya alcanza para medir la magnitud de lo que describe: «Me trajeron aquí para matarme».
Médicos por los Derechos Humanos considera que el recrudecimiento de los golpes coincide, de manera difícilmente casual, con el momento en que Abu Safiya intentó impugnar judicialmente su propia detención. El Servicio Penitenciario de Israel, consultado sobre el relato de su abogado, respondió que las acusaciones eran falsas y carecían de fundamento.
Un patrón, no una excepción
Sería un error tratar el caso de Abu Safiya como un episodio aislado, por más que su historia personal —la del médico que no abandonó a sus pacientes— lo vuelva particularmente elocuente. En noviembre de 2025, el Comité de Naciones Unidas contra la Tortura ya había expresado profunda preocupación por informes que apuntaban a la existencia de una política estatal, organizada y generalizada, de tortura y malos tratos contra personas detenidas palestinas. La misma Médicos por los Derechos Humanos había documentado, para ese entonces, al menos 94 prisioneros y detenidos palestinos muertos bajo custodia israelí en menos de dos años. Este mes de julio, la Comisión Internacional Independiente de Investigación de Naciones Unidas sobre el Territorio Palestino Ocupado sumó su propia voz de alarma y exigió la liberación inmediata, incondicional y segura de Abu Safiya y de todo el personal médico detenido arbitrariamente por Israel.
Amnistía Internacional lanzó una acción urgente pidiendo cartas a la embajada israelí en Washington. Su dirección de investigación calificó de inconcebible que un pediatra que dedicó su vida a salvar a otras personas termine sometido a torturas y aislamiento prolongado bajo una detención sin justificación. En distintas ciudades del mundo —de Nueva York a Gijón— hubo vigilias y concentraciones exigiendo su liberación. En abril de 2025, organizaciones de juristas ya habían solicitado en el Reino Unido una orden de arresto contra un ministro israelí por el asalto al Kamal Adwan y la detención de su director. En junio de ese mismo año, Human Rights Watch y MedGlobal, junto a otras organizaciones humanitarias, firmaron una carta conjunta reclamando la liberación de Abu Safiya y de otros trabajadores de la salud de Gaza y Cisjordania detenidos por Israel. Ninguna de esas gestiones, hasta ahora, torció el rumbo de lo que le está ocurriendo a este hombre.
Un hospital, una guerra, un número
El caso de Abu Safiya no puede separarse del contexto que lo produjo. El Kamal Adwan fue uno de los últimos hospitales en pie del norte de Gaza antes de su asalto, en una guerra que, según el Ministerio de Salud de la Franja, ya deja más de 73.000 muertos y cerca de 174.000 heridos, y que organismos y comisiones independientes han calificado de genocidio. Pese al alto el fuego vigente desde octubre de 2025, Israel ha seguido ampliando su control territorial hasta cubrir cerca del 70% de la Franja, mientras la infraestructura civil —hospitales incluidos— permanece devastada en una proporción cercana al 90%.
En ese contexto, perseguir a quienes sostuvieron el sistema de salud hasta el último minuto no es un daño colateral. Es una forma de castigo dirigida, precisamente, contra quienes documentaron con su propio cuerpo —guardias médicas, historias clínicas, testimonios ante cámaras internacionales— lo que estaba ocurriendo puertas adentro de los hospitales sitiados. Abu Safiya habló con medios internacionales en los días previos a su detención. Contó, con nombre y apellido, que morteros y francotiradores habían alcanzado la sala de maternidad. Esa clase de testimonio incomoda. Y lo que le pasó después a quien lo dio debería incomodar todavía más a cualquiera que se precie de defender los derechos humanos sin excepciones geográficas.
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